Colprensa
martes, 9 de febrero de 2021
En la auditoría de la Contraloría se reveló que el Inpec no manejó bien la pandemia y que no hay garantías de salud para los reclusos
En la auditoría de cumplimiento realizada al Inpec-Uspec, la Contraloría General de la República sumó 223 hallazgos administrativos. En el caso de los hallazgos administrativos, la Contraloría constituyó 113 hallazgos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, una de connotación penal y 15 de carácter fiscal.
En el caso de la auditoría financiera a la Uspec, se determinaron 22 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal. En la Auditoría Financiera del Inpec, se determinaron 70 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y otro más para el inicio de indagación preliminar.
Entre los hallazgos relevantes, la Contraloría confirmó que las demandas contra el Inpec, por presuntas fallas del servicio tienen pretensiones por encima del billón de pesos. Exactamente $1,1 billones a junio de 2020.
La Contraloría determinó también que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos del covid-19. Además, la ejecución del presupuesto del Inpec, como consecuencia de esta situación fue relativamente baja.
En cuanto a los recursos de inversión, si bien se comprometieron el 86,7% de los mismos, sólo se obligaron y pagaron el 40,4%. Por esta razón, la Contraloría emitió opinión contable negativa por los hallazgos encontrados y originados en el proceso de conciliación y cruce de información entre las
dependencias del mismo Inpec y su área contable, ya que existen partidas conciliatorias que no se han registrado contablemente al no contar con documentos soporte, situación que generó incertidumbre en los saldos presentados.
Frente al tema del manejo de la pandemia, la Contraloría como resultado del proceso auditor, determinó que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar
los efectos de la pandemia.
Dado que, la emergencia sanitaria fue declarada desde el 12 de marzo de 2020 y los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país.
Además, la toma de muestras (22.841) fue reducida frente a una población que, en promedio, de marzo a agosto, se ubicó en 111.192 internos. Ello significa que cerca del 79,5% de la población reclusa permanece sin toma de muestras.
Así mismo, se determinó que, el Sistema de Salud Penitenciaria carece del personal suficiente para hacer frente a una población conflictiva y especialmente vulnerable, con un buen porcentaje del personal médico que trabaja por prestación de servicio o a medio tiempo.
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