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Colprensa Jueves, 9 de julio de 2015

Se trata de la decisión de la Contraloría General de la República que imputó cargos de responsabilidad fiscal solidaria por $980 millones al gobernador; al entonces secretario departamental de Educación, Javier Posada Meola, y a la Diócesis de Magangué. Lo anterior debido al presunto detrimento patrimonial en la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por valor de $14.886 millones (contrato de No. 276 de 2013) suscrito entre la Gobernación y la Diócesis.

“La Contraloría informó hace cuatro meses de unos presuntos hallazgos por $25.000 millones, pero ahora en esta nueva etapa ya los hallazgos se hacen por $980 millones, lo que quiere decir que no tenían la certeza jurídica ni técnica cuando lo informaron”, dijo Gossaín.

“Acato la decisión del embargo del sueldo como Gobernador, pero voy a hacer uso del derecho a la defensa y al debido proceso que en este momento lo considero violado”, agregó.

“Lo primero es que no he sido notificado; el auto dice que debía ser notificado por estrado en una audiencia que se debe celebrar el 30 de este mes, y es apenas natural y obvio que la audiencia no se ha hecho”, sostuvo.

“Y se informa a los medios de comunicación en detalle antes que la audiencia haya prosperado, eso significa que se está violando la reserva procesal”, señaló Gossaín.

“Me llama la atención que en cuatro meses no me han respondido los oficios reiterados que hemos enviado para que se me entreguen copias del video y audio donde la comisión técnica que investigó sobre estos supuestos hallazgos presentaba sus pruebas, lo que hace parte de mi posibilidad probatoria”, concluyó el funcionario. 

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