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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co Viernes, 18 de octubre de 2013

El departamento de Sucre estuvo una vez más en el ojo de la Contraloría General de la República (CGR), a raíz de manejos públicos irregulares. El organismo informó ayer “la recuperación” de $600 millones, como resultado del proceso verbal de responsabilidad fiscal contra el alcalde del municipio de San Onofre, Nelson Pineda Lozano.

La investigación se adelantó por “el uso indebido de los recursos de regalías” de la población, dio a conocer la entidad de control a través de su portal web. “Se hizo efectiva después que el suspendido Alcalde hizo un pago, que permitió resarcir la totalidad de los recursos comprometidos por contratos que no cumplían con los términos requeridos”.

Anteriormente, este mismo organismo había detectado 204 hallazgos fiscales en la Gobernación de Sucre, y Coveñas, Corozal, Santiago de Tolú y San Onofre. Este último, después del ente departamental, fue el que peores resultados reportó: 152 por un valor de $5.517 millones, el mayor a diferencia de los otros tres municipios.

Estaba suspendido
Los elementos para la apertura de la indagación se determinaron a través de una actuación especial coordinada por la Vicecontraloría y el Contralor Auxiliar de Regalías.

El proceso verbal por responsabilidad fiscal contra Pineda Lozano se abrió el 26 de noviembre del año pasado, por el detrimento patrimonial que sufrió San Onofre.

Las irregularidades fueron detectadas en los tres convenios de educación y medio ambiente que el Municipio celebró por separado con la Corporación para el Fomento y el Desarrollo por un Bolívar Grande (Cordebol), la Corporación Gestión Integral y Social Internacional (Corpogis) y la Fundación Alinaho.

Durante la primera audiencia pública llevada a cabo el 24 de enero de este año, indica la Contraloría, “vinculó en el proceso a Cordebol al no definir el objeto del convenio, su alcance, ni las especificaciones técnicas del servicio contratado; y el proceso se adelantó con una sola oferta, lo que no permitió escoger la opción más favorable”.

En el caso de Corpogis, “se incumplió con las especificaciones del objeto del contrato en la planificación y diseño de un parque ambiental para la operación de un centro de gestión de residuos sólidos, líquidos industriales y urbanos”.

Y en el acuerdo con la Fundación Alinaho, se “evidenció la falta de estudios previos en donde no se establecía la población objeto del contrato, los parámetros de entrega del producto, ni la determinación de los estándares de calidad”, agrega ente de control en su comunicado.

En el caso de los tres convenios, la Contraloría General calificó de “grave” la falsificación de las pólizas. Además, se estableció que la numeración correspondía a otras ya existentes, por lo cual la aseguradora garante y vinculada dentro del proceso, entabló una denuncia a los contratistas.

Por estas anomalías, al mandatario de San Onofre se le había imputado cargos de responsabilidad fiscal a título de dolo, y le fue impuesta el 3 de diciembre una suspensión, como medida transitoria y preventiva. Tras la recuperación de los más de $600 millones en el que se había tazado el detrimento, la Contraloría levantó la sanción a Pineda Lozano.