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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co Martes, 28 de julio de 2015

Por otra parte, esta semana se dio a conocer un fallo del alto tribunal que en 2014 obligó a  reanudar la construcción de una obra en Magdalena que la ministra de Industria, Comercio y Turismo,  Cecilia Álvarez había denunciado por irregularidades en la contratación y que hoy en día le representó una investigación en la Procuraduría, lo que acentúa las dudas sobre el proceder con las tutelas.

Carlos Medellín, exministro de Justicia y exsecretario jurídico de la Presidencia, aseguró que el gran problema es que no hay criterios definidos  objetivos y verificables para la revisión de dichos expedientes.

“La Constitución dice que la Corte que es el órgano de cierre, revisará  las tutelas, pero cuando uno se pregunta cuales son los requisitos, se da cuenta que no existen, ¿entonces donde están?  y la respuesta es en la jurisprudencia”, agregó.

 Medellín dijo que “si bien  ha ido cambiado el panorama, en la práctica eran los magistrados auxiliares y los abogados de cada sala los que con intención de acertar, decían sí o no y muchas veces esa respuesta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”. Según un informe de alto tribunal revelado en marzo de este año, de 2009 a 2015 se han revisado 2,6 millones de expedientes de los cuales 7.386 han sido seleccionados. De esos, 104 fueron escogidos en 2015.

Así mismo, del total de expedientes en los últimos seis años, 48% han representado intereses de entidades privadas y 52% de entidades públicas.

En ese mismo periodo, solo representó 8% la selección originada con insistencia de algún magistrado y 98% de los fallos  no involucraban grandes intereses económicos  y de las que sí trataban intereses económicos (2%), 115 tutelas, 77 fueron negadas o declaradas improcedentes y 38 fueron concedidas.

Jorge Arias, abogado constitucionalista, expresó que posiblemente puede haber dudas sobre el proceder de la Corte cuando se falla a favor de beneficios económicos o políticos.

“Por vía de revisión de tutelas se trata de generar precedentes  en materia jurisprudencial sobre temas que resuelven los jueces en primeras instancias, dando un sustento jurídico y constitucional”, afirmó Arias.

A parte de los dos casos mencionados anteriormente, también sobresale el pronunciamiento que está por dar el alto tribunal sobre un pleito entre Isagen y Consorcio Miel, ya resuelto por un tribunal de arbitramento y por el Consejo de Estado. El pleito  de más de 20 años que obligó a la estatal a pagarle a Consorcio La Miel una suma de $41.602 millones y US$11,4 millones, generó un debate  sobre seguridad jurídica.

Modificación
La Corte Constitucional dio a conocer a finales de abril la reforma a su reglamento interno. Aunque el alto tribunal tiene la potestad de hacerlo, dichas transformaciones las hicieron a puerta cerrada y para algunos expertos, en tiempos de crisis institucional fue una decisión errada.

Entre las principales modificaciones se resalta  que se plantean criterios de selección objetivos, subjetivos y complementarios. Dentro de los criterios objetivos, se encuentra la unificación de la jurisprudencia.

Las opiniones

Carlos MedellIn
Exministro de Justicia

“La pregunta es si la revisión se está haciendo a conciencia y la respuesta es no. Lo que hay que definir son criterios objetivos a través de la reglamentación interna de la Corte Constitucional”.

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