La Sala avaló, con una votación de 5-3, la ponencia del magistrado saliente Luis Ernesto Vargas Silva y protegió a los mineros que explotan el cerro El Burro, en donde la empresa tiene un título minero desde hace años a través de su filial Mineros de Occidente desde 2007.
La Corte ordenó al Ministerio del Interior, la Gobernación de Caldas y a las autoridades ambientales hacer una consulta previa y suspendió una resolución que ordenaba el desalojo del año 2010.
La idea es que se tengan en cuenta las posiciones de la comunidad que se dedica en buena parte a la minería, así como los impactos económicos de entregar el título sin las respectivas consultas.