En documento notificado ayer, la CorteIDH regañó al Estado colombiano ya que el Ministerio de Defensa había hecho su propia interpretación de la sentencia y pagado a las víctimas unos montos que no se correspondían a las establecidas, en un hecho que fue cuestionado por los familiares de los desaparecidos y sus defensas.
La Corte despejó toda duda y señaló que el Ministerio de Defensa debe pagar US$100.000 por cada una de las once víctimas de desaparición del Palacio y no dividir US$100.000 entre todas como había interpretado el Ministerio.
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Los implicados enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público
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