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  • María Paulina Domínguez Hernández

sábado, 19 de julio de 2014

La aprobación de importantes proyectos de ley en el cuatrienio 2010-2014 con los cuales se buscó perfeccionar la arquitectura institucional de la rama judicial y ajustar las condiciones de acceso a la justicia, representa un referente importante para el Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio.

Como se ve, de 283 proyectos de ley presentados en justicia, 54 se convirtieron en ley o acto legislativo, mientras que los otros fueron archivados durante los debates, retirados por su autor o no continuaron su discusión por falta de trámite. (Conozca el contenido de las principales leyes aprobadas en el boletín legislativo de la CEJ http://www.cej.org.co/boletines/07/1.html).

Algunas iniciativas como el Fuero Penal Militar y el Arancel Judicial fueron aprobadas por el Congreso, pero fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Por su parte, la polémica Reforma a la Justicia, que superó todos los debates en el Congreso, fue objetada por el Presidente de la República tras las denuncias de la ciudadanía, academia y medios de comunicación debido a los “micos” incorporados en el informe de conciliación. La aprobación de esta reforma constitucional constituye el primero de los cuatro retos que en materia de justicia deberá enfrentar el próximo órgano legislativo, que se enuncian a continuación:

1. Reforma Constitucional a la justicia: La supresión del Consejo Superior de la Judicatura, la organización del régimen de fueros y la Comisión de Acusaciones, la doble instancia para aforados, la restricción a las facultades del Procurador y la eliminación de las facultades electorales de las Altas Cortes, entre otros, son temas sobre las que ya viene trabajando el gobierno reelecto para la pronta presentación de una reforma constitucional. Sobre este último punto la jurisprudencia ha hecho importantes intervenciones que buscan ajustar algunas de las fallas que se quieren corregir. Así por ejemplo, en un reciente fallo del Consejo de Estado, se puso freno al denominado fenómeno “yo te elijo, tú me eliges” que se presentó en la elección del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte.

La forma en la que esta reforma constitucional se acercará al ciudadano de a pie será mediante la reestructuración o supresión del Consejo Superior de la Judicatura para que otro órgano funja sus funciones, del cual depende la debida administración de los recursos necesarios para el establecimiento de una infraestructura que facilite el desarrollo de audiencias orales, el uso de las TIC en los procesos y de otras herramientas incorporadas por el Código General del Proceso y de Procedimiento Administración.

2. Regulación del Marco jurídico para la paz: Otro de los retos a los que se verá enfrentado el próximo Congreso será la aprobación de una ley que regule el acto legislativo Marco Jurídico para la paz. Por tocar temas álgidos respecto de los cuales existen posiciones extremamente opuestas, como lo son los criterios de priorización y selección de la acción penal, estas discusiones podrían ocupar gran parte de la agenda legislativa.

3. Aprobación de otras iniciativas que se habían presentado anteriormente: la aprobación de otras iniciativas que se vienen presentado de antaño y no han sido aprobadas por falta de trámite, deberán tener un espacio en los debates de este período. Dentro de estas se destaca el proyecto de ley que modifica el régimen de jueces de paz y el Código de Policía, ambos necesarios para el desarrollo de una buena convivencia y el uso de herramientas administrativas, que desplacen el uso excesivo del derecho penal en la resolución de conflictos y así este pueda cumplir con su función de última ratio.

Dentro de este grupo de propuestas se encuentra también la primer gran reforma al Sistema Penal Acusatorio (SPA), una iniciativa que busca de manera transversal adaptarse a los nuevos fenómenos de criminalidad, una mayor participación de la víctima en el proceso y ajustar algunas figuras que en sus inicios buscaron contribuir a la eficiencia del sistema penal, como es el caso del principio de oportunidad, los preacuerdos y los allanamientos a cargos. A esta propuesta, que fue presentada en la legislatura pasada por el legislativo, pero archivada por falta de trámite, ya se han sumado otras manos como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, por lo cual se espera que el próximo cuatrienio inicie con su pronta presentación y respectiva discusión.

4. Llamado que la Corte Constitucional ha hecho al legislativo: Finalmente, el Congreso deberá incluir en su agenda la regulación de algunas materias en las cuales la Corte Constitucional ha exhortado por su intervención en recientes fallos. Dentro de ellas se encuentra la regulación sobre la escisión de las funciones de investigación y juzgamiento de Congresistas al interior de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia C-545/2008), la expedición de un Código de Policía que se ajuste a la Constitución (C-720/2008) y la regulación del tiempo que debe transcurrir entre la presentación del escrito y la audiencia de acusación(C-390 de 2014).

Como se ve, la agenda legislativa en materia de justicia tiene muchos retos para el próximo Congreso. Sin embargo, esta estará mayoritariamente ocupada por la discusión extensa de una reforma a la justicia que ponga fin a los problemas enunciados y por la aprobación de la ley que regule el Marco Jurídico para la Paz, por lo cual se debe alertas al órgano legislativo para que no olvide la discusión de iniciativas que no por ser menos políticas, dejan de ser importantes.

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