martes, 3 de julio de 2018
A la fecha no se han entregado al servicio de la comunidad las instalaciones necesarias para la prestación del servicio de justicia.
Una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República, al Consejo Superior de la Judicatura, encontró que persiste y se ha agravado la deficiente gestión de la entidad en materia de infraestructura física.
Se comprobó que se invirtió $22.422 millones en la construcción de los complejos judiciales de los municipios de Zipaquirá y Soacha (Cundinamarca) y a la fecha las obras se encuentran en completo desgreño administrativo.
En el caso de Soacha la totalidad de los recursos invertidos, $13.448 millones, fueron elevados a daño patrimonial. Las obras de esta sede ya fueron finalizadas, pero el edificio no cuenta con suministro de servicios públicos ni con vías de acceso, debido a la deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la Alcaldía Municipal, lo cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en el mediano plazo.
Y en el caso de la sede judicial del municipio de Zipaquirá, las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo de auditores de la CGR, concluyeron que las fallas constructivas existentes impiden poner al servicio la obra.
“Se trata de una situación que se convierte en un factor de riesgo para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado, como es proveer servicios de justicia para la ciudadanía con oportunidad y eficacia”, comentó el Contralor General, Edgardo Maya Villazón.
Para suplir las fallas iniciales de este segundo proyecto se requieren nuevas inversiones, lo que motivó la apertura de una indagación preliminar para cuantificar el posible daño fiscal de las obras iniciales y de las nuevas que sea preciso adelantar.
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