miércoles, 9 de mayo de 2018
Procuraduría realizó una audiencia pública para escuchar a las familias de las víctimas del conflicto armado
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, organizó una audiencia pública con familiares y víctimas de desaparición forzada en Colombia con el propósito de conocer la respuesta de diferentes entidades nacionales y territoriales que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de los familiares de las víctimas.
Esta audiencia fue organizada en conjunto con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y contó con el apoyo de 11 organizaciones sociales, entre ellas, la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Líderes de organizaciones de víctimas fueron los encargados de exponer a las entidades los principales problemas que los afectan. Entre ellos, temas como los procesos de búsqueda en lugares de inhumación legales e ilegales; el caso de Hidroituango; la investigación del delito de desaparición forzada, y las garantías para la participación efectiva de las víctimas.
“En Colombia no existe la cultura estadística pues las cifras sobre desapariciones no están completas y no son plenamente confiables”, indicó el procurador al afirmar que el observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 83.000 víctimas de desaparición forzada desde 1958 hasta febrero de 2018.
Según el registro de desaparecidos que tiene medicina legal y ciencias forenses, en el país hay 35.000 víctimas de desaparición forzada entre el primero de enero de 1990 y el 16 de abril del 2018, de las cuales solo en el departamento de Antioquia se reportan 18.460 casi 50%.
Carrillo también agregó que se debe modificar la Ley 1448 para interpretar la realidad de la norma de la desatención a las víctimas.
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