Colprensa Jueves, 12 de diciembre de 2013

En los próximos días, varios defensores de derechos humanos denunciarán penalmente, ante la Fiscalía, al procurador Alejandro Ordóñez por considerar que incurrió en tres delitos tras la destitución de Gustavo Petro.

Además, presentarán una queja disciplinaria ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, tras argumentar que Ordóñez habría incurrido en una falta grave, por abuso de función o del cargo.

Según se pudo establecer, los delitos hacen referencia a prevaricato por acción agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario y abuso de función pública.

En este caso, el abogado Jorge Molano dijo que las acciones se interpondrán por la presunta extralimitación de las funciones del Procurador y las decisiones que ha tomado -según él- de manera arbitraria.

“Estamos elevando estas acciones por cuanto consideramos que el señor Alejandro Ordóñez, con los actos que ha venido realizando en el ejercicio de su función, ha incurrido en los delitos de prevaricato por acción agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario y abuso de función pública”, dijo Molano.

Tutelas vs Ordónez
El abogado Julio César Ortíz, uno de los defensores del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, radicó ante los Tribunales de Cundinamarca una tutela contra la acción de la Procuraduría General, que destituyó e inhabilitó, por 15 años, al mandatario de la capital.

Según el defensor, con la acción judicial esperan que se reverse la sanción del ministerio público para evitar cierto desconcierto de la población y en los países vecinos.

“Se busca la suspensión provisional e inmediata de la medida, creemos que es arbitraria desproporcionada, sin argumento, es un abuso por parte el Procurador”, precisó Ortíz.

Cabe destacar que no se puede comparar el problema que se presentó en la capital al instalar el nuevo sistema de recolección, (cuando no se recogieron los escombros durante tres días a finales de 2012) y la inhabilidad de 15 años de un mandatario Distrital.

Por lo cual, el abogado afirmó que en el marco de las garantías constitucionales, llegaran hasta donde sea necesario incluso hasta organismos internacionales para tratar de tumbar el fallo del ministerio público antes de que éste quede en firme, “creemos que se ha violado el proceso y el derecho de defensa”.

El defensor añadió que el jefe de la Procuraduría, Alejandro Ordóñez, no tendría competencia para destituir a un funcionario que fue elegido por elección popular, “por constitución eso es solo competencia del Presidente”.

Además advierte que es una decisión administrativa por lo cual no podría tomar decisiones de tipo penal, “el Procurador no es un juez, debe comportarse como un funcionario administrativo”.