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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co martes, 15 de mayo de 2012

Estudios revelados por la Auditoría General y la Contraloría de Cundinamarca, evidenciaron un presunto detrimento patrimonial de $39.537.656.134, en la construcción del acueducto La Mesa- Anapoima.

Las cifras de la Dirección de Tesorería y Contabilidad EP muestran contratos de obra por $30.809.653.236, contratos de interventoría por $2.528.448.475 y un total desembolsado de $33.338.101.711. La investigación arrojó siete hallazgos administrativos, seis disciplinarios, cinco penales y uno fiscal, por un presunto detrimento patrimonial que asciende a $39.537.656.134.

Según los documentos, la Gobernación de Cundinamarca efectuó una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, al contratar la construcción del acueducto regional La Mesa-Anapoima, configurándose un presunto detrimento por lesión al patrimonio público, derivado del uso indebido de dichos recursos, por más de 39 mil millones de pesos (correspondientes a $ 31.186.000.694 millones de pesos más la actualización a precios de hoy con base en la variación mensual del Índice de precios al consumidor -IPC- determinado en $ 8.351.655.440 m/cte).

Según el auditor, Jaime Ardila Barrera, y el contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, el proyecto fue adjudicado a los consorcios Anapoima, Interventorías Redes de Cundinamarca (fase I); Acueducto Regional, Intersubachoque (fase II) y Aguas de Cundinamarca (fase III); los cuales se encuentran integrados, entre otras empresas, por GAS Kpital GR S.A., MNV S.A. y Bitácora Soluciones CIA Ltda, de propiedad del Grupo Nule.

La Contraloría de Cundinamarca puntualizó que podría configurarse una posible celebración indebida de contratos, teniendo en cuenta que la Gobernación de Cundinamarca a través de la extinta Secretaría de Obras Públicas, inició la obra sin contar con el acuerdo de voluntades para la venta de agua en bloque por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB.Se iniciaron las obras de la Fase I sin permiso de ocupación de cauces para obras hidráulicas, expedido por la CAR Regional Cundinamarca, el cual se obtuvo hasta el 5 de marzo de 2012.

Primera fase
No se encuentró el informe final ni los planos record del proyecto. La ejecución de la obra es de mala calidad lo que permite establecer que la Interventoría no efectuó el seguimiento y supervisión respectiva a las obras en ejecución. No existe evidencia ni certificación de pruebas hidráulicas, no se evidencian pruebas claras de calidad a la tubería, se evidencia incumplimiento de la Interventoría a los requerimientos realizados por EPC SA ESP. La Interventoría que se hace a este contrato no cumplió con el objeto contractual. En el 2011, Empresas Públicas de Cundinamarca declara el incumplimiento del contrato de Interventoría y hace efectiva la cláusula penal por $161.203.171 declara la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y del indebido manejo e incorrecta inversión del anticipo por $120.570.725.

Segunda fase
La omisión de pruebas hidráulicas determinó que se declarara el incumplimiento del contrato de obra. Se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria de $839.499.998, se declara la ocurrencia del siniestro de incumplimiento por $839.499.998 y de la incorrecta e indebida inversión del anticipo de $107.738.833. Se están adelantando las acciones administrativas para proceder a liquidar el contrato.

Tercera fase
Debido a que el Contratista no terminó las obras y las tuberías no tenían pruebas hidráulicas se declaró el incumplimiento. De igual manera el contrato fue liquidado unilateralmente. Se hicieron efectivas las pólizas de cumplimiento ante la Compañía de Seguros Liberty S.A., dineros que fueron recaudados por Empresas Públicas de Cundinamarca en cuantía de $1.846.288.735,00.

Cuarta fase
No estaba contemplada en la concepción inicial. Es contratada por EPC en junio de 2010, por $12.389`224.683, se encuentra en ejecución.

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