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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co Sábado, 19 de octubre de 2013

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos Sánchez, asegura tener pruebas de una “posición” parcializada del Fiscal ante su antiguo cliente, Saludcoop, para beneficiarlo dentro de la investigación por el desfalco al sector salud, y además de graves irregularidades al interior de la Industria Militar (Indumil) colombiana por cuenta de viajes de sus directivos costeados por contratistas. “Favorecimientos que son inaceptables en la administración pública”, advierte.

¿Qué irregularidades han descubierto en Indumil?
Vemos con preocupación el sistema de control de armamento, donde se ven unas falencias enormes. Es un problema que no ha sido abordado con seriedad por la entidad, al punto de buscar mecanismos idóneos de identificación de las armas que están produciendo. Existe una extraña operación tortuga frente a un problema amplio y reconocido, ad portas de una eventual solución política de un conflicto armado. Se sabe que hay un mercado paralelo de licencias y que, por otro lado, se entregan masivamente salvocounductos a empresas de vigilancia o seguridad, un sector donde con una misma licencia se amparan varias armas sin que pueda determinarse cuál es la original y cuál no.

¿Han puesto en conocimiento a las autoridades de ello?
A la misma Indumil y a la Oficina de Control de Registros de Armas y entre los dos están jugando un mal partido de ping pong, porque en últimas la ciudadanía es la afectada. Ninguno quiere asumir la responsabilidad del proceso, ni admitir las falencias que son de público conocimiento.

¿Hay alguna cifra de cuántas armas ilegales hay en el país?
Por cuenta de la omisión de Indumil y la Oficina de Control y Registro de Armas, cerca de un millón. Aparte de las que están en poder de los actores armados y de contrabando. Colombia es sin duda un paraíso de la criminalidad y del tráfico de armas.

Pero para que esto ocurra, en Indumil y la Oficina de Control debe haber corrupción interna…
Identificamos una mala práctica que refiere a estas graves omisiones. Vemos que son recurrentes y los funcionarios advertidos han omitido adoptar las decisiones enérgicas para solucionar este tema. No se ve una política para manejar con probidad esas armas y establecer su paradero y sancionar a quien las tenga de manera ilegal.

¿Qué anomalías ha hallado en los contratos de TNT en Indumil?
Algunas de las firmas interesadas en los procesos, habrían financiado viajes a China de directivos de Indumil. Lo que resulta inmoral porque debe haber una independencia y una imparcialidad.

¿Con qué objetivo se hicieron?
Son acercamientos entre Indumil y eventuales contratistas para asegurar favorecimientos que son inaceptables en la administración pública. Una correlación de favorecimiento y, por tanto, estrechar unas relaciones que parecerían en principio personales, pero que podrían tener otros propósitos inconfesables.

¿Cuándo se habla de directivos, se incluye al general Matamoros, actual gerente de la Industria Militar?
Por lo que tenemos entendido, así es. Esa relación debe ser de absoluta independencia, la cual debe reflejarse en los viajes, motivos de los mismos y su financiamiento, de nada menos la cabeza que tiene a su cargo no sólo armas, sino explosivos o registros y control. Un sector estratégico de la seguridad nacional.

¿Quiénes son los contratistas que han costeado estos viajes?
Es fácil verificarlo con los contratos celebrados por Indumil y en la forma como se adjudicaron estos mismos.

¿Cuál es la matriz de la denuncia penal que hizo contra la Contralora Sandra Morelli, por el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría?
Consideramos que la entidad llamada a dar ejemplo, habría realizado un contrato extremadamente oneroso, que hubiera podido abrirse mediante un procedimiento de selección más amplio. No necesitaba trasladarse a un centro comercial y de los más costosos del país, y dejar desatendida una sede tan importante y bien dotada.

Por otro lado, la Fiscalía ha atendido parte de nuestras denuncias sobre ese tema, pero a su vez está de por medio la posición del Fiscal General frente a Saludcoop. Es decir, las ha usado no tanto para llevarlas a fondo, sino para tratar de acceder a la información de la Contraloría y beneficiar, a la luz de lo investigado y lo dicho por el Procurador, al cartel de carteles: el de la salud, donde se habría producido el desfalco más grande al país por cerca de $8 billones, que supera al de Foncolpuertos por $2 billones. Pero acá, además del patrimonio público, se ha puesto en riesgo la vida de muchos colombianos en un genocidio sin precedentes.

Entonces, un tema que ha debido ser esclarecido, ha sido abusado por la Fiscalía, que deja impune al señor (Carlos) Palacino y todos los de Saludcoop. Ya es hora que tengamos claridad del saqueo del sector salud por parte de Saludcoop, donde el Fiscal, se sabe, se hizo incluso propietario en Villa Valeria de unos inmuebles construidos por Palacino, la cabeza del saqueo. Además recibió más de $4.000 millones por asesorías que debe aclarar al país, no solo por el monto sino, todavía más grave, porqué los habría recibido ya siendo Fiscal.

¿O sea que con ese dinero, la Contraloría ha podido construir una sede con todos los estándares de calidad a menor precio?
Primero, no ha debido trasladarse. El gasto en arriendo es una erogación innecesaria para el erario público. Y segundo, que si se hubiera querido trasladar la sede, era mejor haberla usado en un leasing: pagar otro inmueble con el arriendo de la propiedad. Pero no sólo entregar esa suma del bolsillo de los colombianos.

Volviendo al tema Saludcoop y a lo que usted llama “la posición del Fiscal”, ¿los allanamientos realizados hace dos semanas tienen asidero probatorio?
Tenían no sólo el propósito de acceder a una información con la que ya contaba la Fiscalía, sino que resulta coincidente con que días después se presentan las primeras tutelas para tumbar el proceso de Saludcoop; se presenta en la coyuntura en la que se propicia por el Gobierno Nacional, mediante una prima, a la votación masiva y ciega del Congreso a la Reforma de la Salud. Con que la misma Superintendencia de Salud y el Estado no han intervenido las más de 70 entidades cooperativas que afectan al Grupo Empresarial Saludcoop. Que a su vez no se haya hecho la gestión suficiente para traer al país cerca de $2 billones por cuenta de inversiones de este conglomerado, tanto en paraísos fiscales y países como Chile y México.

Lo otro que además resulta coincidente y altamente sospechoso, es que no ha habido una decisión seria de la Fiscalía tratando de perseguir el ‘cartel de la salud’, particularmente en cabeza de Palacino. El señor Fiscal se ha limitado a declararse impedido, pero también ha sido renuente a informarle al país y producir resultados concretos frente a cabezas de ese gran desfalco. Y que el Gobierno no haya cumplido la promesa hecha en una alocución televisiva, de que este sería el gran debate anticorrupción, el que generó el Estatuto Anticorrupción. La materialidad de la misma se ha visto obnubilada por una falta de gestión en la Superintendencia, de las interventorías designados para manejar a Saludcoop y las políticas lapsas de los ministros de turno.

Las opiniones

Alfredo Manrique Reyes
Veedor distrital de Bogotá

“La verdadera sanción a los corruptos es quitarles lo que han robado. Mientras ellos roben, y únicamente los inhabiliten por 20 años y les den casa por cárcel, vamos a seguir teniendo esta corruptela que nos acosa”.

Gloria Borrero
Dir. Corporación excelencia en la justicia

“Lo conocido sobre jueces y funcionarios en Bogotá es lamentable, pero deja ver que el Estado Social de Derecho está operando, por el hecho que haya investigaciones de la justicia contra la misma justicia”.

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