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Valerie Cifuentes Viernes, 9 de noviembre de 2018

El 65% de los contratos se hace usando modalidades que favorecen a un solo proponente aseguró la organización.

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó los resultados de la investigación sobre la relación entre financiación de campañas y contratación pública en las elecciones locales de 2015. Allí se encontró que, en 183 municipios, las administraciones locales entregaron contratos a sus financiadores que se realizaron sin criterio de transparencia y usando modalidades de único proponente.

La organización encontró que se hicieron 534 aportes a campañas políticas por una cifra cercana a los $4.400 millones ($4.397.497.266), por parte de 485 donantes a candidatos a alcaldías y gobernaciones quienes en contratación recibieron $169.000 millones ($169.466.621.063); cifra que equivale a 39 veces el dinero donado a las campañas.

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la MOE “el 65% de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de campañas fueron adjudicados a dedo, lo que fácilmente se podría interpretar como una retribución de la donación hecha en campaña. Solo el 34% restante fueron licitaciones públicas, subastas y concursos de méritos.”

De acuerdo con información encontrada por la MOE, “en 183 municipios el financiador del candidato ganador recibió contratos de la administración a la que donó. En estos casos la MOE encontró que 423 financiadores privados donaron cerca de $3.500 millones y recibieron contratos por $15.131 millones. Esto equivale a 42 veces el dinero donado en campaña”.

Para la organización, 57% de los financiadores de campaña, que equivale a 267 de 485 donantes, que recibieron contratos públicos superaron el límite máximo de donaciones de 2%, situación que evidencia que estos no podían contratar con el Estado a menos de que el objeto fuera prestación de servicios profesionales.

Ante esto, Barrios agregó que “estamos ante un panorama en el que cerca de $100.000 millones fueron dados a personas posiblemente inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero lo más grave es que a pesar de esto, no existe en la reforma política ningún tipo de abordaje a este problema”.

La MOE ya entregó todos los análisis y datos encontrados en la pesquisa a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Según la organización el otorgamiento de contratos a quienes financian las campañas no es un delito siempre y cuando se cumplan los topes y criterios definidos por la ley. Sin embargo, se encontró que en el 65% de los contratos se usan modalidades que favorecen a un solo proponente, situación que les llama la atención.

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