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Hernán Miranda Abaúnza - hmiranda@mytabogados.com martes, 5 de febrero de 2013

Indiscutible es el hecho que los delitos no solo causan rechazo por ir en contra de los cimientos de toda sociedad, sino porque dan la sensación de que quienes los cometen está sacando ventaja y provecho de manera desleal frente a quienes no los cometemos; ningún criminal delinque sin un móvil mezquino, salvo contadas excepciones.

Además, cierta clase de crímenes provocan gran conmoción en la comunidad, como los cometidos contra menores, el terrorismo o la criminalidad de cuello blanco, entre otros.
 
Pero igual de irrefutable, sin excepción, es que la persona que está señalada de cometer ese delito que genera repudio, antes que nada debe ser declarada culpable para que, ahí sí, sea sancionada por un juez agotado un proceso con todas las garantías, ¡no al revés! He aquí el escollo que encuentra el abogado: las garantías, hoy llamadas de modo peyorativo por algunos como «tecnicismos». La más basilar de las garantías es contar con un defensor, pero esa horda siempre identifica al defensor con el delito del acusado. Si un abogado defiende a un ciudadano señalado de violación, entonces el jurista es un depravado; si un letrado defiende a una persona acusada de homicidio, el jurisconsulto por ende, es cómplice del asesinato.
 
Empero, como enseña un añejo principio lógico, la explicación más sencilla tiende a ser la correcta, por lo que la conclusión es todavía más simple: «el abogado defiende causas sin ser parte de ellas» ¿Pecaremos de ilusos los abogados penalistas creyendo que algo tan fácil de comprender para nosotros, lo sea para el común de las personas? Lo más extraño a la vez es que tanto los fiscales como los jueces son también juristas especializados en las espinosas ciencias penales -por regla general- e inclusive muchas de las veces también fueron defensores, pero ese sentimiento de desprecio entre muchos ciudadanos se enfila casi que de manera exclusiva, hacia el abogado defensor.
 
Así, resultó de moda que solicitar una libertad de un ciudadano por vencimiento de términos es «colaborar» con la impunidad; que demandar una nulidad es visto como un acto propio de un «picapleitos» o que pedir un archivo de investigación es la más rastrera de las «leguleyadas». Venimos siendo los parias de la sociedad. 
 
Es apenas obvio que una persona desconocedora de estos temas no tiene por qué saber que cualquiera de aquellas figuras jurídicas no constituye absolución, pero tampoco podemos llegar al punto de entender que abogar por unas garantías preestablecidas se convierta en el más reprochable oficio, cuando ningún ciudadano -ni usted querido lector, ni el suscrito- está exento de verse investigado penalmente. Por todo esto, se volvió común ver que muchas personas asocian la libertad de un procesado a un torcido del abogado o un favor del juez gracias a unos centavitos, pero se olvida que «con preso o sin preso siempre hay proceso». Si el abogado lucha por las garantías, es un insensato que defiende al cliente por la codicia sin importarle que sea «culpable», como si este juicio de valor se diera al principio y no al final del proceso. 
 
Por ello, la detención preventiva se volvió la condena anticipada que enamora a esa horda atizadora del «moderno» circo romano, grupúsculo que se fastidia con tener que esperar a que se dicte una sentencia, pues ésta para ellos, debe existir desde el carcelazo mazmorrero por cualquier «intento de sospecha» al cual el defensor sólo podrá oponerse si es un desalmado sin ética, pero resulta que el abogado es el que separa la justicia actual del ostracismo medieval.
 
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