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  • Carlos Parra Dussan

jueves, 28 de julio de 2016

Como profesor de derecho constitucional, quise revisar las leyes y reformas constitucionales que ha aprobado el Congreso en las últimas seis legislaturas con un amplio sentido social, que como dijo el Presidente “marcan el rumbo de la mayor transformción de nuestra nación”. 

Partimos obviamente de la Ley de víctimas 1448 de 2011, que por fin tienen unas instituciones que velan por sus derechos, que avanzan en su reparación y en la devolución de sus tierras despojadas.

Se legisló en favor de las regiones, que han mejorado su capacidad de gestión y la equidad de sus ingresos con normas como la reforma a las regalías y la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial. 

Se legisló por la solidez de nuestra economía, con el Acto Legislativo 3 de 2011 de sostenibilidad fiscal, y la Ley 1473 de 2011, que en su  artículo cinco define la regla fiscal, garantizando así unas finanzas sanas para todos los colombianos.

Se aprobaron normas como la Ley 1429 de 2010 de primer empleo, la Ley 1780 de 2016 de empleo juvenil y la Ley 1636 de 2013 para proteger al cesante.

Se legisló para seguir reduciendo la pobreza, con iniciativas como la ley 1537 de 2012 de vivienda social y la ley 1532 de 2012 que convirtió en política de Estado el programa Más Familias en Acción.

Se aprobó la ley estatutaria 1751 de 2015 que consagra la salud como un derecho fundamental, así como la Ley 1787 de 2016 que regula el uso y producción de la marihuana para uso medicinal.

El Congreso aprobó en los últimos dos años presupuestos donde la educación es el sector con más recursos asignados, implementando programas como Todos a Aprender, Ser Pilo Paga, el Bilingüismo, la Jornada Única y la estrategia De Cero a Siempre. Se legisló en favor de nuestro campo, con iniciativas como la Ley de financiamiento rural 1731 de 2014 y la que autoriza la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social - Zidres, Ley 1776 de 2016.

Desde luego que se aprobó la única ley estatutaria de discapacidad 1618 de 2013, en la que tuve la oportunidad de participar elaborando su proyecto, la Ley 1616 de 2013, sobre discapacidad sicosocial para las secuelas del conflicto y la ley contra la  discriminación 1752 de 2015, que ya incluye a las personas con discapacidad  como sujeto pasivo del delito de discriminación u hostigamiento.

El Congreso aprobó la ley 1761 de 2015 sobre el feminicidio, así como la ley 1773 de 2015, con la que un agresor con ácido podrá pagar hasta 50 años de cárcel.

Por último, no puedo dejar de mencionar el Acto Legislativo para la paz uno de 2016, que establece los procedimientos para implementar y blindar jurídicamente los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones, y desde luego la Ley estatutaria que regula el plebiscito para la paz, que ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016.

Todas estas normas representan logros concretos en la garantía de los derechos sociales de los colombianos, ratificando que la agenda legislativa que ha cumplido el Congreso en los últimos seis años constituye un salto histórico para el país. En conclusión, el Congreso de la República desde 2010, ha tenido el reto de aprobar las leyes para la paz y  ahora tiene el desafío  de ser el Congreso que legisle para el posconflicto.

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