Colprensa
jueves, 21 de mayo de 2020
La Procuraduría General realizó la petición y trabajará en conjunto con los gobiernos locales, la Alcaldía de Bogotá y el Inpec
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El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá acogieron la propuesta de la Procuraduría General de la Nación, de trabajar en un decreto legislativo que permita solucionar el hacinamiento de personas privadas de la libertad en las estaciones de la Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Este decreto está sujeto a las facultades de excepción con las que cuenta el presidente Iván Duque y busca que se le facilite a los gobiernos locales la adquisición de predios, la instalación de zonas de detención transitorias y la vinculación de personal de custodia, así como otras medidas de emergencia con el fin de mitigar la expansión del coronavirus en los lugares retención.
El viceministro de Política Criminal, Javier Sarmiento, señaló que dentro de la reunión de coordinación con la Secretaría de Seguridad Distrital que se realizó de forma virtual, se establecieron diferentes alternativas con el fin de solucionar la problemática que tiene el distrito con las personas privadas de la libertad.
“Se van a llevar a cabo tres mesas de trabajo; una en materia de salud; otra de infraestructura y licencia ;y una sobre talento humano, para determinar las vías y caminos para solucionar las problemáticas”, añadió Sarmiento.
Adicionalmente, el funcionario señaló que otra de las medidas acordadas en la reunión en la cual participaron varias autoridades, entre ellas, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Justicia es la contratación de bachilleres que prestaron su servicio militar en el Inpec para brindar seguridad en los centros de traslado de los presos.
Para ello, el Inpec remitirá un listado de personas que prestaron su servicio militar en la entidad con el fin de que el Distrito los considere para ser parte del cuerpo de guardia que custodiaría los inmuebles que se utilicen para albergar los privados de la libertad.
Finalmente, la tercera medida será una serie de capacitaciones del Inpec en materia de Derechos Humanos. Con lo cual el viceministro agradeció la disposición del Distrito por articular esfuerzos para la solución de la problemática actual.
La aceptación de la propuesta de realizar este decreto que resuelva el hacinamiento se dio tras las intervenciones de la Procuraduría y el Gobierno Nacional en su búsqueda de “acercar las partes y garantizar los derechos de los ciudadanos que se encuentran en los centros de detención transitoria del país”, señaló la Procuraduría.
La autoridad también señaló que para garantizar los derechos hay que trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y los entes territoriales. El Ministerio Público, por su parte, convocará una segunda reunión el sábado para verificar el cumplimiento de los compromisos que se asumieron y el avance en la elaboración de este nuevo decreto legislativo.
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