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Julián Camilo Cruz González - juliancamilo21@hotmail.com lunes, 24 de junio de 2013

Los recientes decretos expedidos por el Ministerio de Minas y Energías junto con el Ministerio de Ambiente, dejan claro el poder de lobby que ejercen las empresas mineras y de hidrocarburos en nuestro país; salvo contadas excepciones son pocos los que se han pronunciado acerca de los Decretos 933, 934 y 935 de 2013, que para infortunio de Colombia afectarán de manera drástica el ambiente, con regalías que en nada compensan el impacto ambiental, económico y social directamente relacionada con este tipo de actividades.

Oponerse a la extracción o explotación  de los recursos naturales no renovables con fundamento en la protección ambiental  ha sido la bandera de muchos sectores conservacionistas que no aceptan los recientes conceptos de Minería Sostenible o responsable, sin embargo, los impactos sociales, económicos y ambientales que inciden en estos sectores siguen siendo en su gran mayoría desconocidos por el ciudadano de a pie, quien ignora o quizás es un desinteresado de la problemática que surge alrededor de estas situaciones. 
 
La prostitución, la inaplicabilidad de la ley laboral, el aumento de violencia en sectores de explotación y extracción de recursos, la falta de seguimiento por parte de las autoridades ambientales a los planes de manejo ambiental, el desconocimiento de las cantidades de extracción y explotación, el disminuido presupuesto para realizar  control y seguimiento por parte de las autoridades del ramo,  seguirán siendo los problemas mas relevantes  de los empresarios mineros y de hidrocarburos en el país.
 
Nominar  un supuesto eje de desarrollo con el nombre de “locomotora Minera” no solo es desacertado sino utópico, el argumento de obtener regalías a cambio de estas actividades hace recordar el trueque que ejercían nuestros antepasados del oro por los espejos, y hoy no tenemos ni los espejos ni el oro, situación que será reflejo en un corto plazo.
 
Los que se aferran a la oposición de estas actividades no pueden estar más lejos de conseguir lo que desean, es claro que ningún gobierno por lo menos de lo que se vislumbra en la política Colombiana  hará prevalecer el ambiente sobre la extracción y explotación de los recursos naturales no renovables.
 
Es una mentira afirmar que si las regalías aumentan las empresas mineras y de hidrocarburos saldrán del país, no existe probabilidad alguna que eso ocurra, mientras existan recursos  se encontraran empresarios con deseos de extraer o explotar, claro salvaguardando una utilidad que debe regir cualquier tipo de negocio. 
 
El lobby se puede ejercer para generar omisión legislativa o iniciativa legislativa, desde cualquier perspectiva logra su finalidad la cual esta dirigida a un interés particular, debe dejarse claro que no es un delito ni debe ser objeto de recriminación moral, social ni ética, o acaso elegir a un candidato para que defienda intereses de un sector contraría alguna norma constitucional o legal; todos los días se pueden ver múltiples ponencias defendiendo a sectores como el agro, el sector automotriz, el sector bancario, el sector manufacturero, el sector educativo entre otros, entonces porque se le va negar esa posibilidad al sector minero y de hidrocarburos, los cuales están en todo su derecho de promover políticas que los beneficien, el problema es buscar beneficios que redunden en consecuencias ambientales, económicas y sociales, lo que parece estar pasando inadvertido por la sociedad civil.
 
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