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José David Castilla miércoles, 31 de octubre de 2018

Electricaribe, Ruta del Sol 2 y Reficar son las controversias de mayor cuantía

Cuatro casos de los más importantes en contratación pública se están definiendo en tribunales de arbitramento. Árbitros y abogados internacionales disputan US$4.960 millones que podría pagar el Estado colombiano a empresas como Odebrecht, Gas Natural o Chicago Bridge & lron Company N.V. que lo tienen demandado.

En el desarrollo del cuarto Congreso de derecho empresarial, contable y de los negocios, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena, varios de los expertos que se desenvuelven en este campo discutieron las consecuencias que significa ceder las potestades judiciales a árbitros de otros países, frente a los recursos públicos.

El expresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont Pianeta, afirmó que “aun en materia arbitral no puede concebirse la posibilidad de que el Estado sea tratado como un particular”. También criticó que no existen mecanismos legales que garanticen un correcto desenvolvimento del Estado en esta clase de litigios.

LOS CONTRASTES

  • Adriana Polanía Polanía Árbitro de la Cámara de comercio Bogotá

    “El arbitraje está revolucionando la contratación estatal porque implica que las partes se sometan a un juez neutral. Esto ha permitido la inversión extranjera en grandes proyectos de infraestructura”. ||

  • Rafael lafont Pianeta Expresidente del Consejo de Estado

    “Aún en materia arbitral no puede concebirse la posibilidad de que el Estado sea tratado como un particular, porque no lo es; en estas controversias estamos ante patrimonio público y no ante dineros privados”.

Adriana Polanía, árbitro de la CCB, afirmó que “el arbitraje está revolucionando la contratación estatal”. Para Polanía, la implementación de este mecanismo fomenta la inversión extranjera porque “los inversionistas encuentran un juez neutral que garantice la protección de sus recursos”.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en este momento hay 40 entidades públicas con arbitramentos activos. De allí, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es la entidad con mayores está inmersa en 28 procesos. El director de la agencia de defensa jurídica de la ANI, Alejandro Gutiérrez, dijo que el Estado colombiano debe procurar por no llevar estos conflictos a estrados internacionales porque debilitaría el papel que juegan las autoridades administrativas.

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