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Colprensa martes, 4 de junio de 2013

En los próximos días el magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura entrará a evaluar si el proceso disciplinario que se adelanta en contra de la fiscal Martha Lucía Zamora será de carácter verbal.

Se trata de un caso que se adelanta a petición de la propia Zamora por las irregularidades que se produjeron en la investigación contra el exdiputado del Valle, Sigifredo López, por su presunta participación en el secuestro de sus colegas por parte de las Farc.

Si el proceso es de carácter verbal significa que en menos de dos meses se tomarían las declaraciones correspondientes y se tomaría decisión.

El pasado 16 de mayo, el magistrado Villarraga abrió formalmente investigación contra Zamora así como a otros dos funcionarios judiciales que participaron en la recolección de pruebas en el proceso contra López.

En el proceso deberá ser escuchado el exdirector de la Dijín, general Carlos Ramiro Mena.

Juicio
De otro lado, el inicio formal del juicio que se adelanta contra Abel Rodríguez, exsecretario de Educación de Bogotá, por la compra irregular de unos predios en el sur de Bogotá para la construcción de un colegio, quedó previsto para hoy.

La diligencia judicial estaba programada para ayer, sin embargo, una de las partes pidió la nulidad del proceso, solicitud que será estudiada por la jueza de conocimiento que lleva el caso.

Rodríguez manifestó que está “muy contento” de que se inicie el juicio, pues aseguró que en esta etapa procesal va a poder demostrar su inocencia y que su actuación fue correcta y se ajustó a las normas.

Además, el exfuncionario expresó que en este caso no se ha presentado “ninguna irregularidad” y que está probado que el hecho se presentó porque se falsificó el avalúo de los predios. Según dijo, hubo un engaño de unas personas que, según Rodríguez, en el juicio se va a demostrar quiénes fueron.

Por su supuesta irresponsabilidad, al emitir un concepto en estos hechos, Rodríguez fue destituido e inhabilitado por doce años por la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exfuncionario fue hallado directo responsable por una irregularidad que condujo al Distrito a pagar $1.400 millones de más por un predio, cuyo valor está estimado en tan solo $200 millones.

Según establece el fallo, tampoco se tuvieron en cuenta las previsiones técnicas establecidas para el proceso de escogencia de un terreno considerado como una última opción entre una baraja de varios lotes similares pero que aparentemente ofrecían mayores ventajas.

Por tales razones, la Procuraduría encontró que las falencias del terreno y la falta de vigilancia de la secretaría en ese entonces llevaron a que, entre otras cosas, pasara inadvertido el hecho de que por el lote pasara un cable de alta tensión eléctrica.

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