Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación. (Colprensa - Diego Pienda)

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Allison Gutiérrez Núñez - agutierrez@larepublica.com.co lunes, 21 de diciembre de 2020

El funcionario busca que se seleccione la tutela interpuesta por los pueblos indígenas para frenar la minería ilegal en la Amazonía

Una solicitud de inasistencia ante la Corte Constitucional presentó el procurador General de la Nación, Fernando Carillo, para que seleccione la tutela interpuesta por los pueblos indígenas para frenar la minería ilegal en la Amazonía.

Esta solicitud se basa en la búsqueda de protección de sus derechos a la vida, salud, agua, territorio, integridad étnica y cultural, ambiente sano y soberanía alimentaria.

El jefe del Ministerio Público dijo que “urge proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del macroterritorio de la gente de afinidad de Yuruparí, en particular su derecho a la vida, tanto en su componente físico como cultural y espiritual”, y enfatizó en que la falta de un actuar integral del Estado y los altos niveles de contaminación por mercurio ponen en riesgo la vida y supervivencia de los pueblos indígenas amazónicos.

Además, advirtió que la crisis sanitaria generada por el covid-19 aumenta el riesgo de estos pueblos, frente a la minería ilegal, lo que incrementa el nivel de urgencia del caso y alertó que los niveles de mercurio superan hasta 30 veces los niveles seguros para la salud humana.

“Esta situación pone en grave riesgo la supervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos accionantes, pues los niveles elevados de mercurio tienen efectos adversos severos: producen malformaciones en el feto, afectan directamente la capacidad de aprendizaje de los niños y afectan gravemente el sistema nervioso central, entre otros”, agregó.

Frente al proceso de selección, dijo que la acción de tutela es el medio judicial adecuado para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y agregó que esta es una oportunidad para que la corte, reafirme la observancia de un enfoque diferencial al administrar la justicia a favor de los pueblos étnicos.

Esta decisión se tomó a raíz del fallo de 2007, donde el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia ordenó a los departamentos de Amazonas y Guainía adoptar las medidas de control necesarias para frenar la minería ilegal en la región amazónica, sin embargo, las actividades continúan afectando de manera aguda y desproporcionada la salud de los accionantes y del macroterritorio de la gente de afinidad de Yuruparí.

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