• Carlos Eduardo González

martes, 18 de julio de 2017

La Contraloría General de la República encontró que la empresa de energía Electricaribe utilizó recursos de subsidios girados por el Gobierno Nacional para disminuir deudas

La Contraloría General de la República encontró que la empresa de energía Electricaribe utilizó recursos de subsidios girados por el Gobierno Nacional para usuarios de estratos 1 y 2 de los siete departamentos de la Costa Atlántica para disminuir sus pérdidas.

Según informó la entidad dirigida por Edgardo Maya, el Gobierno le giró a esta empresa $78.500 millones que debían usarse para subsidiar el servicio de cerca de 600.000 usuarios; sin embargo, la filial de Gas Natural Fenosa no aplicó los subsidios y utilizó estos dineros para un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal.

Para llegar a dicha conclusión, el ente de control analizó un promedio de 800.000 facturas mensuales expedidas durante 2015 y 2016, por lo que, en total, se revisaron 19 millones de facturas.

Estos recursos venían del Fondo de Energía Social (Foes) y deben utilizarse “para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos”, según la Ley. Los recursos mencionados anteriormente, “corresponden a 99% del beneficio Foes que debieron recibir los usuarios afectados que hacen parte de la población más pobre de la región”, aseguró la entidad.

Entre los municipios afectados por esta práctica de Electricaribe se encuentran Ponedera (Atlántico), Villa Nueva (Bolívar), Pueblo Bello (Cesar), Canaleta (Córdoba), Uribia (La Guajira), San Zenón (Magdalena) y Majagual (Sucre).

Entre todos estos lugares se analizaron exactamente 651.755 facturas, de las cuales 486.938 presentaron diferencias, es decir, 72% del total analizado, lo que generó unas diferencias de $2.495 millones.

Andrés Taboada, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, explicó que el Foes es un subsidio creado para el usuario y no para la empresa, que es aplicado en barrios subnormales, áreas rurales de menor desarrollo y zonas de difícil gestión, con el que se busca disminuir el valor de la factura de la electricidad.

“Dependiendo de cuánta plata hay en el Foes, el Ministerio de Minas y Energía expide una resolución que le dice a las empresas cuánto pueden reconocer como máximo por kilovatio”, aseguró el experto.

Por poner un ejemplo, a un usuario se le aplicó un descuento por subsidio de solo $19,78, cuando tenía derecho a recibir $1.978, resultantes de multiplicar su consumo de 43 Kw/h por $46 que estableció el Gobierno para 2015 y 2016.

“Debido a que el sistema es programado en una forma estándar para realizar la aplicación de los beneficios y el cálculo de los demás factores en la factura, la situación se repite en todos los usuarios con las mismas características”, destacó la Contraloría.

Entre tanto, la Ley 812 de 2003, la cual creó el fondo, señala que estos recursos que gira el Estado, solo pueden utilizarse para subsidiar las facturas de energía de las personas de menores ingresos, por lo que no se les puede dar ningún otro uso.

Ante estos hechos, las investigaciones fueron trasladadas a la Fiscalía y Procuraduría para que adelanten las indagaciones correspondientes.

Como aún no se establece desde cuándo se vienen realizando estas prácticas, Maya decidió ordenar nuevas acciones de control para investigar vigencias correspondientes a los cinco años anteriores a 2015.

Vale mencionar que, debido a la forma en la que empresa presenta los subsidios, el ciudadano no puede corroborar el beneficio real recibido.