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Expansión - Madrid jueves, 23 de octubre de 2014

Cuando piensan en hacer negocios fuera de España, las compañías tienen que incluir en su presupuesto el coste de los desencuentros y conflictos legales que pueden producirse con socios, clientes o proveedores.

Anualmente, una gran empresa se gasta, en promedio, US$6,6 millones para gestionar este tipo de problemas, sin tener en cuenta el coste que puede suponer la disolución de un contrato o la pérdida de una inversión.

La globalización, además de oportunidades, ha traído consigo un aumento de la litigiosidad transfronteriza, en la que se mezclan varias jurisdicciones. En esta Torre de Babel legal, las asesorías jurídicas de las compañías optan por diferentes estrategias para hacer frente a un problema que tiene un impacto directo en la cuenta de resultados, ya que la seguridad jurídica es determinante para que un negocio concluya con éxito.

Según la encuesta Tendencias, en Disputas Transfronterizas Complejas, elaborado por el despacho Hogan Lovells, prácticamente la mitad de las compañías consideran que estos conflictos van a aumentar en los próximos años. Los problemas multijurisdiccionales ya suponen 30% de las batallas legales en las que se ven inmersas las grandes compañías. Aunque la casuística es más que diversa, José Luis Huerta, socio y responsable del área de litigios y arbitraje de Hogan Lovells en Madrid, agregó que 90% de las disputas internacionales implican como mínimo a dos o tres países, pero hay casos tan complejos en los que se ven involucradas hasta 50 jurisdicciones. Cuando se trabaja en el extranjero, uno de los puntos más importantes es elegir, siempre que se pueda, la legislación del país por la que se regirá el contrato. “Salvo países en los que la legislación o tribunales no ofrecen las garantías mínimas de seguridad jurídica, en el caso de que se vayan a aceptar garantías, es mejor trabajar con la jurisdicción local, ya que de lo contrario resulta muy difícil ejecutarlas”.

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