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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co martes, 10 de septiembre de 2013

A pocos días de que el nuevo Estatuto de Arbitraje nacional e internacional cumpla un año de funcionamiento en Colombia, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) dio a conocer que las pretensiones de las 280 demandas que el año pasado recepcionó por distintas causas, sumaron $33,5 billones.

Así lo dio a conocer ayer la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, que en el balance del primer año de funcionamiento de la normatividad anunció, entre las innovaciones que esta trae consigo, que los centros de arbitraje y conciliación prestarán el servicio en internet. “La demanda se puede presentar por correo electrónico y las actuaciones del proceso serán notificadas a través de estos medios”.

La alta funcionaria también dio a conocer los resultados de la encuesta sobre necesidades jurídicas insatisfechas, elaborada para su Ministerio por la CCB en 14 ciudades con unas 6.000 personas, y cuya relación con el Estatuto radica en que determinó qué tanto los distintos sectores poblacionales, entre esos el empresarial, conocen de los mecanismos alternativos de justicia como los centros de arbitraje.

Uno de los indicadores que llamó la atención, señala por ejemplo que en materia de la utilización de los puntos de conciliación, el Estado debe adelantar una ardua labor de capacitación y divulgación, puesto que el 86% de los encuestados dijo preferir las oficinas particulares antes que los centros de arbitraje. “Quiere decir que no son importantes, algo que es preocupante”, concluyó Correa.

Pero hubo otro dato que también resaltó: hay una tendencia a desconfiar en los intermediarios privados. Y resalta porque, aunque contradice la inclinación por acudir a estos, lo anterior es sólo la consecuencia de las barreras que las personas perciben para acceder a la justicia.

“Falta una formación, para que todos los asociados sepan que los conflictos no sólo los resuelven los jueces, sino que cuando los árbitros, que son particulares, toman una decisión, lo hacen porque la Constitución así lo prevé y esta tiene tanta fuerza como la de un juez”, manifestó la Ministra. “Tenemos que comprender -agregó- que la decisión de un árbitro vale lo mismo que la de un juez y, por ende, podemos confiar en esa decisión”.

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