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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co jueves, 7 de febrero de 2013

Luego de prestar sus servicios personales como médico al municipio de Fusagasuga durante más de tres años, Roberto Alfonso Chaves solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas durante la prestación de sus servicios.

No obstante, mediante oficio de 16 de julio de 2002, el alcalde del municipio negó sus peticiones.

Posteriormente, Chaves Vargas a través de su apoderado solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad de dicho acto administrativo, buscando que se le ordenara al municipio el pago de las cesantías, vacaciones, primas legales y una sanción moratoria por falta de pago por la liquidación de las cesantías, desde el primero de febrero, fecha del ingreso a la entidad y el 31 de marzo de 2002, fecha de su retiro.

Por su parte, el municipio alegó que no existía prueba que demuestre que existió una subordinación de una relación laboral.

Aunque el contrato fue por prestación de servicios, el demandante afirmó que recibía el mismo trato que el personal vinculado.

Al respecto, el Tribunal Administrativo falló accediendo a las pretensiones de Chaves Vargas.

Persona Natural
Roberto Alfonso Chaves Vargas, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad del oficio de 16 de julio de 2002, suscrito por el Alcalde del municipio de Fusagasugá, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas durante la prestación de los servicios como Médico General, del 1 de febrero de 1999 hasta el 31 de marzo de 2002. Solicitó se ordene a la demandada el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

Municipio de fusagasugá
La entidad territorial demandada, es decir, el municipio de Fusagasugá, afirmó que no existía prueba que demuestre la subordinación de una relación de trabajo entre la entidad y el demandante. Manifestó que como el contrato de prestación de servicios se presume válido y es ley para las partes (art. 1602 del C.C.), hay que entender para todos los efectos que dicho contrato es de prestación de servicios autorizado por la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales que ello se deriva. Para destruir tal presunción y regla, el actor debe demostrar lo contrario.

Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió a las pretensiones de la demanda; decretó la nulidad del acto demando y condenó a la entidad territorial demandada a reconocer y pagar al actor una indemnización que se calcula con el valor de las prestaciones sociales, durante el término de duración de los contratos de prestación de servicios, tomando en cuenta lo pactado por concepto de honorarios en los mencionados contratos.

Concepto ministerio público
La Procuradora Tercera Delegada ante el Ministerio Público, luego de realizar el análisis de las pruebas aportadas al expediente, conceptuó que en el caso de autos no aparece probada la subordinación y dependencia, que constituyen el fundamento de la relación laboral, y por ello, el acto acusado mantiene incólume su presunción de legalidad, en cuanto fijó la prestación de los servicios profesionales del demandante como de carácter contractual.

Fallo
PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia de 20 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por Roberto Alfonso Chaves Vargas contra el Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. SEGUNDO: RECONOCESE personería jurídica para actuar en las presentes diligencias y téngase como apoderado de la entidad demandada a la abogada en ejercicio Carmen Sofía Ceballos.

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