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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co viernes, 15 de noviembre de 2019

Este proceso de responsabilidad fiscal es el segundo más grande que ha abierto la entidad de control.

En el marco de la rendición de cuentas del primer año de gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, se dio a conocer que la entidad abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $4 billones contra 34 presuntos responsables por las fallas en planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.

Del valor total, $2,9 billones son a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto y otros $1,1 billones por concepto de los recursos (lucro cesante) dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas estipuladas, es decir, diciembre de 2018.

Entre los presuntos responsables figuran miembros de la Junta Directiva de Hidroituango, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín, dos exgobernadores de Antioquia y varios contratistas.

De este modo, los investigados son: Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia; Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Jorge Londoño, actual gerente general de EPM; Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín, por nombrar algunos.

Mediante un comunicado de prensa, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño De la Cuesta, informó que no ha sido notificado del proceso de responsabilidad fiscal; sin embargo, el directivo señala que “está presto a atender todo lo que corresponda a dicho proceso”.

También serán llevados a un proceso fiscal Federico José Restrepo, representante legal de EPM y miembro de la Junta de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la Junta Directiva de Hidroituango; y Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín.

Durante la rendición de cuentas, el Contralor de la Nación, indicó que el proceso puede durar entre un año y medio y dos años. El objetivo, señaló, es que los presuntos responsables cuenten lo que sucedió y digan cómo y por qué tomaron las decisiones “desacertadas” en versión libre. De esta manera, se procederá a analizar las pruebas que tiene el ente de control y las declaraciones que hagan los funcionarios.

“Lo que necesitamos es que el proyecto salga adelante. Quienes hayan tomado mal las decisiones, que lo paguen. Aceptamos el control excepcional a Hidroituango en el primer semestre de 2019. En tiempo récord logramos realizar las indagatorias necesarias para cumplirle al país en ese sentido. El hecho que no se haya puesto aún en funcionamiento significa pérdida de recursos importantes de los colombianos”, expresó el Contralor.

Además, señaló que este proceso de responsabilidad fiscal es el segundo más grande que ha abierto la entidad de control. El primero fue a Reficar por $17 billones, el segundo es ahora a Hidroituango y el tercero es a SaludCoop por $1,4 billones.

Según el funcionario, los gobernadores investigados tienen “algo que ver” en la responsabilidad de las fallas del proyecto de energía, pues son accionarios de EPM o Hidroituango y tomaron decisiones importantes. “En la versión de cada uno de ellos veremos qué responsabilidad habrá cumplido cada uno de ellos o no”, expresó.

Luego de escuchar a cada implicado, se procederá a archivar o imputar cargos, si hay méritos.

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