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Colprensa lunes, 21 de septiembre de 2015

Caracol Noticias reveló que Fernando Castañeda Cantillo, magistrado del tribunal superior de Cúcuta haría parte de un grupo de jueces laborales que según investigaciones de la Fiscalía condenaron a Ecopetrol a pagar, de manera irregular, cerca de $1,3 billones de pesos.

Felix Maria Galvis, compañero de sala de Castañeda; Samuel Darío Rodríguez Duarte, juez tercero laboral del circuito, y la exjueza Amparo Disney Mendoza fallaron en tan solo dos años varias tutelas con las cuales reconocieron mesadas a 959 funcionarios y exempleados de la compañía.

Según la Fiscalía, al hacer esto cometieron al menos tres graves irregularidades: en primera medida violaron una orden de la Corte Constitucional, según la cual los reajustes pensionales no pueden ser concedidos por tutelas, además, juzgaron casos que estaban fuera de su jurisdicción ya que los beneficiarios de la tutela fueron empleados en campos y oficinas de Ecopetrol de Cartagena, Sabana de Torres o Puerto Berrido, pero nunca en Cúcuta, y finalmente habrían manipulado el sistema de repartos para que la mayoría de sus tutelas llegaran a sus despachos.

De 959 tutelas falladas aparentemente, 904 fueron conocidas por el juez Samuel Darío Rodríguez, 34 resueltas por la jueza Amparo Vega Mendoza y solo 21 por otros jueces de la jurisdicción. En ese fallo fueron reconocidas pensiones extra legales a 142 personas

En revisiones posteriores la Corte Constitucional y la Corte Suprema encontraron que los beneficiados no cumplían con los requisitos para pedir las pensiones y en algunos casos reintegro de trabajadores y reconocimiento de estímulos salariales.

El juez Rodríguez, encabeza la lista de funcionarios que serían juzgados por el delito de prevaricato y esta semana podría ser citado a audiencia de imputación de cargos

Adicionalmente, Noticias Caracol presentó un documento el cual afirma que “el impacto económico de las tutelas desfavorables a Ecopetrol S.A. puede llegar a comprometer un presupuesto de $1,3 billones”.

Por su parte, la Corte revocó varias de las tutelas pero antes de eso ya se habrían hecho efectivos los pagos y hoy siguen "embolatados" más de $230 millones.

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