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Colprensa sábado, 20 de junio de 2015

El proceso de selección, que inició el pasado 27 de mayo y que busca la compra de 65 vehículos para la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la UNP, entre camiones, carros, ambulancias y motos, presuntamente estaría violando los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación pública. 

Los cuestionamientos al proceso se remiten a que la pluralidad de oferentes se estaría limitando, en vista de que la Gobernación pide que en una sola oferta se aporten todos los automotores, cuando por la especialidad de cada uno es “imposible” que una sola empresa cumpla a menos de que sea comercializadora. 

“Es lamentable cómo insisten en licitar en una sola bolsa elementos que aunque tienen en común que son automotores, tienen características completamente disímiles. De esta manera solo comercializadoras podrían participar, algo que evidentemente restringe la participación de oferentes”, explicó María Juliana Acebedo, vocera de Transparencia por Santander. 

Aunque grandes concesionarias tanto locales como nacionales hicieron el requerimiento en ese sentido, desde la Gobernación de Santander se aseguró que no se iba a cambiar la condición, en vista de que los oferentes se podrían presentar en consorcio o unión temporal. 

“Son 26 ítems, y la intención es que por cada ítem abramos un proceso, lo que para nosotros sería un desgaste innecesario cuando lo que estamos solicitando es movilidad. Aquí no hay limitaciones, ellos pueden unirse y presentar una propuesta conjunta”, aseguró Alex Cornejo, funcionario de la Gobernación y encargado del proceso de selección. 

Sin embargo, las denuncias fueron más allá y potenciales oferentes vaticinaron que la licitación cerrará con una sola propuesta y dieron el nombre de la empresa. 

“Tal y como se encuentra estructurado el pliego de condiciones principalmente las especificaciones técnicas solo permite la participación de un solo proponente, Icommerce SAS, pese a que existen en el mercado varias marcas que ofrecen vehículos que satisfacen las necesidades descritas en los estudios previos”, señala uno de los documentos enviados a la Gobernación. 

Al respecto, el funcionario indicó: “no sé por qué se dice eso. Los procesos de la Gobernación siempre son transparentes. Toda la formulación de las condiciones se hizo de acuerdo a la ley.”. 

Durante el proceso también se cuestionaron condiciones como la solicitud de experiencia, que quedó limitada a cuatro contratos que sumados representaran el presupuesto oficial, y el ajustado cronograma con el que la Gobernación formuló el proceso. 

“Los plazos estaban tan ajustados que nadie asistió a la audiencia de riesgos, la experiencia se sigue midiendo por número de contratos, cuando existe claridad acerca de que este tipo de solicitudes van en contra de la ley y tal y como lo denuncian los potenciales oferentes está descalificando empresas sin razones de fondo”, concluyó Acebedo. 

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