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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co martes, 14 de abril de 2015

Del total de expedientes 1.062 son de magistrados de altas cortes, 301 sobre el presidente y los expresidentes, 175 de fiscales  y  47 de otros funcionarios del Estado.

El senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Alexander López explicó que en una última modificación en el debate del pasado lunes, se dejó claro que dichos expedientes quedarían en manos del Tribunal de Aforados.

Una medida que no está en firme ya que apenas fue aprobado en el Senado (en el quinto debate de ocho).

La próxima semana se debatirá en la plenaria de Senado, 15 días después debe realizarse un debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes, y en los ocho días siguientes se debe realizar  una plenaria de la misma corporación. Así a mediados de este año se podría dar trámite para la revisión en la Corte Constitucional.

Un funcionario cercano a la Comisión de Acusaciones explicó que es una medida inconstitucional y aunque pasé todos los debates en el Congreso, considera que el alto tribunal no la aprobará porque viola las garantías procesales de aforados sobre: debido proceso, juez natural, legalidad y favorabilidad.  “No se trata de eliminar la Comisión sino de dotarla con un cuerpo calificado  y permanente con capacidad jurídica pues actualmente para la gran responsabilidad que significa sus funciones no cuenta con las condiciones adecuadas”,  dijo.

“Luego de entrada en vigencia del acto legislativo de Equilibrio de Poderes,  la Comisión de Acusaciones tendría un año para resolver los expedientes que faltan y de ahí pasaría al Tribunal de aforados. Esta es una reforma útil que propende a una justicia más pronta y eficaz”,  puntualizó el senador Germán Varón.

El nuevo tribunal que estaría conformado por magistrados y no por congresistas investigará  a magistrados y al fiscal y una vez se determiné un delito el juzgamiento pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia.

Antonio Aljure, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, alertó sobre la inconveniencia de crear nuevos tribunales, pues en el caso de los aforados  “confunde por la cantidad de cortes en la que aparecen la Constitucional, la Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y agrega una nueva carga económica a las exhaustas finanzas nacionales, amén de la probabilidad de nuevos choques de trenes”.

El senador  Iván Cepeda afirmó que “el nuevo tribunal quedaría muy subordinado al presidente de la República Juan Manuel Santos, pues el sería quién decidiría sus primeros miembros y eso no es conveniente”.

Cerrar la puerta para la reelección presidencial, la supresión del Consejo  Superior de la Judicatura (CSJ), el fuero del vicepresidente, la  ampliación de la silla vacía para funcionarios públicos y el nuevo fuero jurídico especial para el Procurador, Contralor y Defensor han estado entre otras medidas aprobadas.

Cepeda manifestó que “como está concebida la reforma no es viable. Estoy completamente en contra y sobre todo porque crear blindajes para el Procurador es  una decisión inadecuada”.

Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, hizo énfasis en que si bien con la eliminación del CSJ  mejorarán algunas cosas, el trámite constitucional es demorado y se necesitan personas más preparadas.

Juzgamiento
En relación con el juzgamiento de los altos funcionarios del nivel ejecutivo y de los magistrados de las altas cortes, Antonio Aljure, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, puntualizó que  “debe reiterarse, para los primeros, que en el caso del presidente y los ministros debería existir un primer filtro antes que se enfrenten al juez de fondo, pues de no ser así, se verían abocados a atender una gran cantidad de procesos, de naturaleza judicial pero con intenciones políticas que harían imposible el desempeño de sus funciones. Para los segundos, bastaría con el principio en el que  pares juzgan a pares y no tendría cabida el filtro previo”.

Las opiniones

Antonio Aljure
Decano de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

“La reforma sobre el Equilibrio de Poderes, aunque necesaria en lo judicial, no resuelve el problema más grave para el hombre de la calle, que es el de obtener pronta y adecuada justicia. Puntualmente, es inconveniente crear nuevos tribunales”.

Germán Varón
Senador Cambio Radical

“Luego de entrada en vigencia del acto legislativo de Equilibrio de Poderes,  la Comisión de Acusaciones tendría un año para resolver los expedientes que faltan y de ahí pasará al Tribunal de Aforados. Esta es una reforma útil que propende a una justicia más pronta y eficaz”

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