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Paulo Andrés Durán G. - pduran@larepublica.com.co jueves, 1 de septiembre de 2016

Industria (6); comercio (5); alimentos y bebidas (4); textil (3); transporte (3), deporte; vigilancia (2); logística (1) y financiero(1), son los otros sectores en los que desarrollan sus labores las firmas que podrían ser investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la JEP va a ser una gran oportunidad para que los empresarios que se vean involucrados en estos casos puedan ir a ella y limpiar su nombre. Así mismo, Santos advirtió que “es mentira que la justicia especial diseñada en los acuerdos de paz para juzgar a excombatientes, militares y civiles responsables de delitos relacionados con el conflicto, vaya a meter a la cárcel a los empresarios víctimas de extorsión y otros delitos realizados por grupos al margen de la ley”..

En la lista aparecen empresas de gran relevancia nacional como Postobón,  Ecopetrol, Drummond, Argos, Ingenio San Carlos, Leonisa, Envigado Fútbol Club, Fondo Ganadero de Córdoba y Fondo Ganadero del Tolima, ChiquitaBrands.

Según un informe del grupo de investigación ‘Estado, conflictos y paz’ de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Postobón estaría siendo investigada por supuesta financiación a paramilitares de Aguachica (Cesar) mientras Ecopetrol tuvo la lupa por presuntamente haberle entregado dinero voluntariamente a las autodefensas del Bloque Catatumbo (Norte de Santander) a cambio de seguridad.

Entre tanto, Drummond presuntamente financió a los paramilitares entre 1996 y 2006. Por otro lado, Argos ha estado relacionada con  supuesta mala fe en la compra de predios abandonados forzadamente por los campesinos debido a las masacres ejercidas por los grupos paramilitares a finales de 1990.

En 2010  se condenó a 11 años de cárcel a Ramiro Rengifo Rodríguez, exjefe de seguridad del  Ingenio San Carlos por auxiliar al Bloque Calima’ de las AUC. En Leonisa, la investigación reseña que se encontraron libros de contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en los que se plasmaban transacciones de la firma. Y si se pasa al campo deportivo, Envigado Fútbol Club,  estaría investigado por posibles nexos con paramilitares y carteles de narcotráfico.

Fondo Ganadero de Córdoba y Fondo Ganadero de Tolima presuntamente habrían financiado a paramilitares en sus respectivos departamentos. Finalmente, ChiquitaBrands ha sido acusada de dar dinero a paramilitares del Urabá Antioqueño.

Conforme con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación,todos los que hayan participado de forma directa o indirecta en el conflicto irá a la JEP, excepto los paramilitares que tengan Justicia y Paz.

 “Para el caso de los empresarios, no todos irán al Tribunal de Paz solo a los que se les compruebe o digan que financiaron a los grupos ilegales; los demás si comprueban que fueron extorsionados ante la sala de revisión y conocimiento no tendrán que responder ante el Tribunal de Paz”, manifestó Ávila.

Y agregó, que si los empresarios llegasen al Tribunal de Paz pagarían las penas estipuladas en los acuerdos, es decir, de cinco a ocho años de restricciones si colabora; si ayuda parcialmente ocho años y si no colabora hasta 20 años de cárcel. “Es importante saber que en la primera no habrá cárcel, el Tribunal definirá la forma de pagar; pero en la segunda y tercera sí”, concluyó.

Fecha de firma

El presidente Santos confirmó que hoy se conocerá de manera oficial cuándo será la firma del proceso de paz entre él y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’.

La fechas tentativas serían el 21, 23, o 26 de septiembre. Entre tanto, ayer la ONU le pedió  al Gobierno, a través de la canciller, María Ángela Holguín, que el histórico evento se realice en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.    

Tierras

El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, expresó que con la restitución de tierras, el Gobierno del presidente de la República, Juan Manuel Santos,  y los jueces de la República, reemplazaron el poder de los ilegales por decisiones justas en favor de la propiedad privada. Según Sabogal, “23.000 víctimas del conflicto han reactivado sus economías en sus tierras y la paz traerá los beneficios más grandes para los campesinos y para empresarios del campo”.

La opinión

Ariel Ávila
Subdirector Fundación Paz Y Reconciliación
“Los empresarios que ante la sala de revisión y conocimiento de la JEP demuestren que fueron extorsionados por los grupos ilegales no irán al Tribunal de Justicia”.

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