viernes, 8 de abril de 2022
Uno de los proyectos principales del aspirante del Pacto Histórico es dejar de renovar las licencias de exploración de hidrocarburos
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El candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, junto con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, presentó hace unos días su programa de gobierno, denominado ‘Colombia potencia mundial de la vida’, en el que expone sus principales propuestas y esclarece la agenda de un eventual gobierno suyo, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
El plan de gobierno de la fórmula se enmarca en diferentes sectores en los que se busca realizar transiciones que, según el programa, son positivas para los cambios sociales, económicos y en términos de seguridad.
Antes de presentar las propuestas, el documento enfatiza en la importancia de la inclusión de las mujeres en diferentes sectores de la sociedad y explica “cómo y por qué las transformaciones en Colombia deben llevarse a cabo con las mujeres en todas sus diversidades”.
En este sentido, se propone dar mayor participación política y representación y estipula que 50% de los cargos públicos serán ocupados por mujeres. Además, se plantea la creación de un Ministerio de la Igualdad, para materizalizar y velar por el cumplimiento de esa visión.
Uno de los ejes principales del proyecto, y tal vez uno de los que más polémica han generado, es la propuesta de transición energética, en la que se indica que la transformación económica estará enfocada en “pasar de una economía extractivista a una economía productiva, y de su predominancia fósil a la economía descarbonizada”.
Frente a este aspecto, el candidato propone un desecalamiento gradual del modelo extractivista con el fin de eliminar la dependencia económica del carbón y del petróleo. Además, este planteamiento incluye la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Adicionalmente, se detendrán los pilotos de fracking en el país, mientras que los contratos y licencias para la exploración de hidrocarburos no serán renovados, ni se firmarán unos nuevos. La minería a cielo abierto también sería otro de los puntos que el programa de gobierno busca prohibir.
Para suplir los recursos que dejaría de recibir el Estado por esa política sobre los hidrocarburos, Petro propone brindar apoyo técnico y económico para transitar a modalidades sostenibles e impulsar actividades agropecuarias, de turismo local o hacia nuevas oportunidades laborales con el modelo de producción de energías renovables.
Al respecto, Tomás González, exministro de Minas y Energía, sostuvo que “en Colombia no se puede hacer transición energética sin hacer una transición fiscal”.
LOS CONTRASTES
Cecilia LópezExministra de Agricultura y Medio Ambiente
“Petro, más que cualquier otro candidato, ha puesto los temas críticos sobre la mesa. Ha faltado que reaccione a las imprecisiones que él mismo genera pero sus propuestas son necesarias y son temas cruciales”.
Tomás GonzálezExministro de Minas y Energía
“Cabe recordar que lo que tenemos enterrado en el subsuelo no es precisamente petróleo, carbón y gas; lo que tenemos enterrados son regalías e impuestos, y no podemos dejarlos ahí”.
“Dependemos de esto en muy buena medida para hacer una inversión social, mejoras en infraestructura y reducir la pobreza y desigualdad de los recursos que vienen del petróleo y el carbón; y si los marchitamos demasiado rápido, nos vamos a quedar sin esos recursos”, agregó González.
El candidato propone también una democratización de la propiedad de la tierra, para acabar con el “latifundio improductivo” en favor de la propiedad de las familias rurales.
En materia de seguridad social, el plan de gobierno del Pacto Histórico menciona la necesidad de garantizar un acceso universal a la pensión, “transitando hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio”, se lee en el programa.
En línea similar, el proyecto de salud propone migrar hacia un sistema público único, sin regímenes, financiado por impuestos progresivos.
Con respecto a la lucha contra la corrupción, el documento plantea la necesidad de una reforma a la justicia y los entes de control, para eliminar la duplicidad de funciones, aumentar su independencia y reducir sus nóminas. Sobre ese punto, Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia, anotó que puede ser positiva una reforma de ese tipo, “siempre y cuando sea para fortalecer su independencia y alejarlos de la política”.
En el capítulo de seguridad se habla de la necesidad de reformar las Fuerzas Armadas, bajo el supuesto de que “la terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, de las misiones y de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, que será reemplazada por una nueva política de defensa nacional”. Al respecto, Esguerra recordó que no se puede olvidar la misionalidad de las Fuerzas Armadas y que estas, como dicta la constitución, ajustan su accionar a las leyes y el Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, en materia de creación de empleo, el programa del Pacto Histórico plantea que el Estado se convierta en el empleador de última instancia, es decir, que ofrezca trabajo a quienes, teniendo disposición de hacerlo, no lo encuentran en el sector privado. Esta política, adicionalmente, tendría un fuerte componente de género, y énfasis en las oportunidades para los jóvenes.
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