viernes, 9 de noviembre de 2018
Según la Contraloría, el desfalco se habría producido con los dineros de las regalías
El exalcalde de Barranca, Meta, Ricardo López Zuloaga, deberá responder por un supuesto desfalco en el erario público del detrimento. La Contraloría informó que el exmandatario deberá responder por $1.253 millones que hacían parte del fondo de regalías.
Las investigaciones de la Contraloría demostraron que se presentaron irregularidades en la ejecución del contrato para la optimización del Sistema de Acueducto de la Vereda Pavitos, del municipio de Barranca de Upía. Otro de los puntos que causaron el desfalco, fue la ausencia de estudios previos en la obra, algo que vulneró notablemente la etapa de planeación, generando así una gestión antieconómica por parte de la administración municipal de Barranca de Upía.
Otra de las situaciones investigadas, fue la suscripción de un convenio sin contar con los estudios previos adecuados, sumado al indebido seguimiento y la deficiente interventoría y supervisión del contrato.
Las irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República, van desde la falta de diseños y planos hasta el no funcionamiento de la planta de tratamiento y el pago casi que total del valor del contrato, pese a la inoperancia de las obras para el cumplimiento y fin del contrato suscrito.
Un informe técnico de la Contraloría General de la Republica, evidencio que antes de celebrar el referido contrato de optimización del sistema de acueducto de la vereda Pavitos, no se dio el cumplimiento de lo exigido en el reglamento técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, al no contarse con estudios suficientes que determinaran la sostenibilidad del proyecto, los costos operacionales y su financiamiento, así como la capacidad de abastecimiento.
Esta falta de estudios vulneró notablemente la etapa de planeación, generando así una gestión antieconómica por parte de la administración municipal de Barranca de Upía al suscribir un convenio sin contar con los estudios previos adecuados, sumado al indebido seguimiento y la deficiente interventoría y supervisión del contrato.
De esta manera se constituyó un detrimento patrimonial al Estado, representado en lo contratado y pagado al contratista de obra y a la interventoría que tenía a su cargo la vigilancia y control de la ejecución contractual.
Surtidos los trámites y etapas procesales, la Contraloría General de la República -a través de la Gerencia Departamental Colegiada del Meta- profirió fallo con responsabilidad fiscal contra los implicados en el proceso, en cuantía de $1.253 millones.
Otras de las personas declaradas responsables frente al detrimento patrimonial son:
Juan Carlos Pinto Romero, Secretario de Planeación e Infraestructura, supervisor del contrato, para la época de los hechos.
José Custodio Navarrete Alemán, Secretario de Planeación e Infraestructura, para la época de los hechos.
Dirney Yolima Velázquez Álvarez, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barranca de Upía –AQUAUPIA S.A, para la época de los hechos.
Enrique Antonio Flórez Gómez, supervisor del contrato.
Ana Elvia Carranza Acosta, interventora del contrato.
María Angélica Guevara Rodríguez, miembro de la Unión Temporal Pavitos – contratista.
CRP EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, miembro de la Unión Temporal Pavitos – contratista, representada legalmente por César Augusto Ramírez Perdomo.
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