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Andrés Emilio Vargas - anvargas@larepublica.com.co lunes, 11 de febrero de 2013

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó en primera instancia a los dos ex directores del IDU, Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez, para desempeñar cargos públicos por 20 y 18 años, respectivamente. Este organismo encontró que ambos funcionarios presentaron irregularidades en 21 de las 36 obras de valorización.

El personero delegado y coordinador de Asuntos Disciplinarios, Henry Cruz, indicó que “la actuación de ambos directores causaron un profundo detrimento patrimonial a la ciudad”. Asimismo el funcionario, indicó que “no hubo planeación ni tampoco coordinación entre las entidades del Distrito como la Eaab, Codensa, Gas Natural y ETB para adelantar las obras”.

Aunque detrás de los exdirectores del IDU se encuentran los implicados en el ‘carrusel de la contratación, y la justicia ha adelantado procesos penales en contra de algunos de ellos, cabe la posibilidad de que estos procesados le paguen a la ciudad, o al menos reparen en parte, el daño causado por sus acciones. Para la profesora de derecho administrativo de la Universidad de la Sabana, Margarita Cárdenas, es posible que cuando un funcionario haya causado un detrimento patrimonial al Estado pueda pagar con su patrimonio” Esto se da, indica, “a a través de una figura legal consagrada en la ley 678 de 2001, conocida como acción de repetición”. Este es el mecanismo que contempla el estado colombiano para recuperar de sus funcionarios o ex funcionarios algún capital perdido, voluntaria e involuntariamente.

Con esta figura se busca que la Nación obtenga una indemnización por parte del culpable a fin de que se puedan recuperar los recursos perdidos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la ejecución de obras. Para que eso ocurra, debe ser la misma entidad afectada quien entable la acción de repetición. En este caso tiene que ser el IDU quien interponga el mecanismo legal contra los citados ex directores.

El patrimonio incluye todas las propiedades,incluso las que se concibieron antes de hacer parte del organismo o la entidad estatal. La casa también es sujeta de reclamos, por lo que el implicado podría perderla.

Cuando esto ocurre, el Estado hace un minucioso ‘rastreo’ de las cuentas y las movidas bancarias, con el fin de que no haya una fuga de dineros a otros países. Y si así ocurriera, el Estado mismo crea alianzas con las entidades financieras para que el implicado no tenga acceso al dinero que hay en las cuentas.

Los bienes financieros no tienen mayor problema una vez se recuperan. El Distrito los abona al estado de deudas que se cree el personaje en cuestión tiene.

En cuanto a las propiedades como casas y automóviles la solución es ofrecerlos como subasta o remates. Sin embargo, en estos casos se pierde casi el 30% del valor total, pues hace parte de la dinámica misma de este tipo de ofertas.

Bogotá tuvo una severa crisis institucional que provocó la revocatoria del alcalde Samuel Moreno y varios de los miembros de su gabinete. Los actos de corrupción incluso permearon organismos de control como la Contraloría Distrital. Miguel Ángel Morales Russi, director de dicho organismo fue destituido e inhabilitado por 20 años.

Dichos ex funcionarios podrán apelar esta decisión. En segunda instancia el fallo estará a cargo del personero de Bogotá, Ricardo Cañón. La Personería de Bogotá ofreció un informe detallado sobre los actos de corrupción ocurridos durante la administración de Liliana Pardo, hoy en casa por cárcel, y su remplazo Néstor Eugenio Ramírez.

Primero, señalaron que se nombró “ a dedo” a las empresas que ejecutaron las obras de malla vial en algunos tramos. Asimismo, además de que no hubo un proceso de licitación pública, las firmas elegidas incumplieron con los términos pactados por el IDU, como lo eran los plazos de entrega;todavía hay carreteras en construcción.

Segundo, algunas obras que se entregaron tienen profundas fallas en la infraestructura.

Finalmente el personero delegado indicó que “ las acciones de los dos funcionarios causaron una extensa crisis en Bogotá”. Esto, además de los embotellamientos constantes, produjo una crisis moral en las instituciones

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