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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co jueves, 21 de febrero de 2013

Luego de conocerse que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contrató tres días antes de responder la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al abogado Rafael Nieto Loaiza para el caso del Palacio de Justicia, expertos en derecho internacional advirtieron sobre la fragmentación e improvisación de la estrategia jurídica internacional que tiene el Estado, no solo por este proceso sino, por el pleito con Nicaragua que hizo que Colombia perdiera parte de su territorio marítimo.

Para el profesor de derecho internacional de la Universidad de los Andes, René Urueña, el abogado que se contrató para hablar en nombre del Estado ante la Corte no puede estar diciendo que no hubo desaparecidos contradiciendo al propio presidente Juan Manuel Santos quien lo ha aceptado en varias oportunidades.

“Los defensores como el doctor Nieto, terminan diciendo cosas que otras ramas del Estado niega. Entonces, la estrategia jurídica termina siendo esquizofrénica”, agregó.

En este sentido, Juan Ramón Martínez, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, llamó la atención sobre la ausencia de estrategia, “lo que había sucedido en Santo Domingo ahora se repite en un caso más complicado, la falta de criterio y norte puede llegar muy seguramente a una decisión contra la Nación”.

Por esta razón, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, anunció que solicitarán al Consejo Seccional de la Judicatura investigar las presuntas faltas disciplinarias en las que habrían incurrido los abogados de Colombia ante la Corte en este caso.

Según Ruiz, hay que establecer si los juristas Rafael Nieto y Jorge Ibáñez incurrieron en alguna falta disciplinaria durante el proceso judicial, teniendo en cuenta que no se puede negar que hubo desaparecidos durante la citada toma.

“No se puede desconocer que hubo desaparecidos, frente a una información de esas, de oficio pediremos al Consejo Seccional de la Judicatura que investigue si existieron faltas disciplinarias por parte de los abogados. En definitiva, hay que establecer lo que sucedió, y en el debido caso, nosotros asumiremos el proceso en segunda instancia”, aseguró el magistrado.

Esta polémica surge después que la defensa de Colombia dio a conocer su posición frente a la demanda interpuesta por las víctimas durante el holocausto del Palacio de Justicia en el año 1985, según la cual no hubo ningún desaparecido, sino que esas personas, de quienes aun se desconoce su paradero, murieron durante el incendio en el oficio.

Por su parte, Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aceptó la “improvisación” e incluso dijo “que el Estado no niega que haya dos desaparecidos reconocidos y debidamente probados”.

Además, Guillén expuso que sobre los demás desaparecidos “sigue existiendo un manto de duda” y aseguró que el Gobierno trabaja en la redefinición de los puntos estratégicos en la línea de defensa, de cara a la audiencia que enfrentará entre mayo y junio en la Cidh.

Pero, sin duda, ha causado polémica el hecho de que dicha entidad del Estado haya contratado a Rafael Nieto con tan poco tiempo para construir una defensa fuerte para el proceso en la Corte. Al respecto, Nieto Loaiza aseguró en entrevista con Caracol Radio que aceptó la defensa faltando tres días porque “si no aceptaba, no habría existido defensa ni contestación de la demanda, así que esa fue la única opción a pesar de mis exigencias iniciales frente a las distintas invitaciones que me hicieron”, aclaró. Nieto Loaiza asumió la defensa del Estado ante la renuncia del abogado Jorge Enrique Ibáñez, quien argumentó que fue vetado por la cúpula militar para llevar este caso y que además recibió amenazas y por eso tomó la decisión de renunciar.

Ibáñez afirmó al programa radial que el general Alejandro Navas, comandante del Ejército Nacional le indicó que había recibido información de altos oficiales que estaban en contra de su postulación para representar al Estado. Por otro lado, añadió que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el de Interior, Fernando Carrillo, siempre lo respaldaron en su candidatura. Pero comentó que cuando comenzó a recibir llamadas intimidatorias de personas sin identificar dejó este proceso.

Ibáñez afirmó que puso en conocimiento de las autoridades estas amenazas que iban contra él y su familia.

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