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Taty Pineda Acuña - tpineda@larepublica.com.co Jueves, 28 de junio de 2018

La aprobación del Senado fue por unanimidad y no hubo votación electrónica

Luego de una larga jornada en el Senado de la República se aprobó la propuesta del uribismo para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tenga un procedimiento a seguir en materia de extradición y comparecencia de los militares.

Por unanimidad, y sin votación electrónica, se aprobó el proyecto de reglamentación que define que la JEP solo deberá basar su función en las pruebas que otorgue el país que requiera la extradición de ciudadanos locales.

La senadora Paloma Valencia, líder del debate en representación del Centro Democrático dijo que “el Gobierno está de acuerdo en que la JEP solamente tiene que pronunciarse sobre la fecha de la comisión de la conducta y no sobre el fondo del asunto y la responsabilidad de la persona. Pero no competimos que a la JEP no se le permita practicar pruebas”.

Así mismo quedó definido que los miembros activos de las Fuerza Militares serán juzgados en una sala especial distinta de la destinada a los terceros, y se enfatizará la presunción de inocencia de sus miembros.

De otro lado, los magistrados de la Sala Especial deberán tener un amplio conocimiento internacional y elegidos por un proceso transparente que permita la imparcialidad de los procesos judiciales.

Laura Gil, politóloga y analista internacional señaló que “la JEP era una jurisdicción de cierre donde todos los que estuvieron involucrados en el conflicto decían la verdad a cambio de beneficios procesales, en este momento se quiere un tratamiento especial que sugiere un escenario de impunidad para ellos en un momento cuando hay ya 1.500 que han sido liberados bajo la JEP”.

Por su parte el senador Roy Barreras defendió la posición del Gobierno al asegurar que “todos los actores el conflicto estarían en inseguridad jurídica dependiendo del extranjero. Queremos que la paz dependa de la voluntad de Colombia y de sus jueces”.

Así las cosas, las modificaciones sustanciales para el tribunal de paz quedaron así. El primer artículo, le quita cualquier facultad a la JEP para practicar pruebas en casos de extradición, limitando su competencia a la revisión de la fecha del delito.

El segundo artículo, congela todos los procesos de la fuerza pública hasta que el Congreso, vía reforma constitucional, cree una sala especial dentro de la JEP con nuevos magistrados para que haya un proceso de juzgamiento diferencial y único.

Para Ariel Ávila, subdirector de Paz & Reconciliación “lo que el presidente Duque debe entender es que, si no logra controlar a los sectores más radicales de su coalición de extrema derecha, su Gobierno se desgastará en unas batallas sin sentido y erróneas y no logrará sello propio de Gobierno”.

La iniciativa había sido objeto de un intenso pulso político entre el gobierno saliente y el entrante, el cual tiene de su lado al Centro Democrático, al Partido Conservador, a Cambio Radical y a un sector de ‘la U’.

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