Colprensa Sábado, 5 de noviembre de 2016

En la tutela, las comunidades alegaron que están ubicados allí desde 1960 y que han visto afectada su permanencia porque primero, en 1979, le fueron tituladas 27.000 hectáreas al esmeraldero Víctor Carranza, y luego, en 1992, a 27 personas que englobaron el terreno a cinco grandes haciendas. Luego, en 2014, el Incoder revocó dicha titulación por ilegal y determinó que los terrenos eran baldíos de la Nación. 

La Corte determinó que a pesar de esa revocatoria, la situación de los campesinos no ha cambiado, por lo que las comunidades, el Incoder, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Tierras, la Unidad de Víctimas, entre otras entidades, deben fijar un plan para censar a la población que está en dichos terrenos y definir a quienes se les puede adjudicar alguno en virtud de la Ley 160 de 1994. 

Ahora bien, de acuerdo con la Corporación Jurídica Yira Castro,  la orden de adjudicar los predios reclamados por las familias suspende “la conformación de la Zidres que el Gobierno Nacional había decretado sobre esa zona unos meses atrás, hasta que no se resuelva la adjudicación a indígenas y campesinos, entre otros aspectos allí consignados”. La Corporación anunció que hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas.