Andrés Torres Lunes, 19 de diciembre de 2016

Comúnmente la fiducia en garantía ha sido percibida como el mecanismo más eficiente para garantizar la satisfacción de acreencias; en gran parte por la seguridad que implica la transferencia del dominio de los bienes garantizados por parte del deudor a favor de un patrimonio autónomo, que a su vez es administrado por una sociedad fiduciaria en beneficio de sus fideicomitentes o beneficiarios. 

De esta manera, siempre que las partes celebren el contrato de fiducia sin actuar en detrimento y/o fraude de los demás acreedores (pues en dicho caso y en el marco de un proceso de insolvencia, los acreedores, el liquidador o el promotor podrán iniciar acciones judiciales para resolver dicho contrato y devolver los bienes dados en garantía al patrimonio del deudor. 

Artículo 75, Ley 1116 de 2006, la fiducia en garantía permite excluir del patrimonio del deudor los activos garantizados en beneficio exclusivo de ciertos acreedores, quienes podrán ejecutar la garantía siguiendo las reglas y procedimientos estipulados en el contrato de fiducia. 

De esta manera, la respuesta inmediata al interrogante planteado es que la garantía como tal no se afecta de ninguna manera, toda vez que el respectivo contrato de fiducia se mantendrá vigente durante el proceso de reorganización y durante la vigencia del acuerdo de reorganización correspondiente (artículos 17 y 20, Ley 1116 de 2006), y los acreedores garantizados entrarán a formar parte del proceso de reorganización en los términos señalados en la Ley. Ahora, esto puede no resultar satisfactorio para algunos acreedores, pues en algunos casos lo ideal sería poder ejecutar la garantía sin necesidad de entrar a formar parte del proceso de reorganización ni del posterior acuerdo.  

Sin embargo, el artículo 16 de la Ley 1116 de 2006 establece que son ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones contractuales que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización. 

Así mismo, de conformidad con los artículos 17, 20 y 43 de la misma Ley, desde la presentación de la solicitud de admisión al proceso de reorganización y durante la vigencia del proceso y del acuerdo correspondiente, queda suspendida la exigibilidad y ejecución de garantías fiduciarias constituidas por el deudor, excepto si se cuenta con la autorización, previa, expresa y precisa del juez del concurso, o la mayoría absoluta de los votos admisibles de los acreedores. 

De conformidad con lo anterior, el problema que enfrentan los acreedores garantizados bajo contratos de fiducia en el marco de procesos de reorganización tiene que ver más con la ejecutabilidad de su garantía que con la preservación de sus derechos, pues sin perjuicio de que los bienes dados en garantía están fuera del patrimonio del deudor y se encuentran afectos ésta, en un proceso de reorganización todos los acreedores quedan vinculados y deberán ejercer sus derechos dentro del respectivo proceso, siendo la excepción a la regla la ejecución de las garantías durante el proceso de reorganización o durante la vigencia del acuerdo correspondiente.