• Colprensa

lunes, 18 de febrero de 2019

Según Martínez, la norma tiene cuatro puntos fundamentales que deben ser modificados.

Luego de que se conociera que el Presidente Iván Duque Márquez, está a punto de sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le hizo cuatro reparos a la misma.

De acuerdo con Martínez Neira, el documento que fue estudiado por el Congreso de la República y posterior a ello, por la Corte Constitucional, tiene cuatro acciones que a su juicio fomentan la impunidad.

El fiscal envió una carta de nueve páginas al presidente de la República con sus críticas contra la ley, que se resumen en cuatro reparos:

Los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo delitos como el narcotráfico.

De acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.

La norma también impide, según el fiscal, que la entidad a su cargo continúe adelantando investigaciones relacionados con el conflicto armado, mientras la JEP asuma el proceso.

- Y finalmente, también de acuerdo con Martínez, el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgara amnistía a los autores de crímenes de guerra.

Los cuatro temas, según el fiscal, fueron discutidos en el Congreso, pero fueron modificados en el texto final de la ley, que llegó a manos del presidente para su firma.

“Le envié una carta al presidente de la república exponiéndole estos temas. La Fiscalía considera que el debate a juicio de conveniencia de la Ley Estatutaria es necesario e imprescindible (…) la Fiscalía quiere poner esta información pública”, dijo el fiscal.

Los reparos que le hizo Álvaro Uribe a la Ley Estatutaria

A esta solicitud se sumó, igualmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pidió objetar la ley aprobada por el Congreso.

El exmandatario publicó una serie de 'tweets' en los que se asegura que se mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente. De hecho, mostró una serie de argumentos en los que destacó que se deben dar sanciones ejemplares para los delitos de lesa humanidad y contra niños.

De mantenerse la JEP insistiremos:
1. Extradición por vía simple por delitos posteriores al 16-dic-2016;
2. Sanciones ordinaries por delitos contra niños;
3. No elegibilidad ni sanción alternativa a delitos atroces;
4. Alivio para FFAA
5. Otros

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 19, 2019

Uribe Vélez sostuvo, además, que no está funcionando el acuerdo porque se tiene cifras de 2.500 disidentes que volvieron a las armas, lo que es una cifra muy alta teniendo en cuenta que el proceso acogieron 8.000.

"Esto quiere decir que no se está beneficiando a mucha gente. Yo creo que no solo se debe objetar la ley sino eliminarla. Cuando uno lee al fiscal dice que hay cuatro puntos que se habían incluido en el Congreso y salieron diferente de la Corte constitucional", dijo Uribe.

El expresidente también aclaró que "la sentencia no elimina el total de beneficios y sobre los mayores responsables hay impunidad total"

En resumen, aseguró que lo más importante es que no haya impunidad. Por eso, fue enfático en que en la ley "no hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces, y sobre los cabecillas".

"Prácticamente cierra las posibilidades de extradición. Es un despropósito", concluyó.