lunes, 16 de diciembre de 2013
La viceprocuradora General de la Nación, Martha Castañeda, indicó que el fiscal General, Eduardo Montealegre, se contradice cuando señaló que el futuro del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está en manos del Presidente de la República.
“Fue en su momento el mismo doctor Montealegre, cuando era viceprocurador, una de las personas que impulsaron la hoy ley 734 de 2002 (Código Disciplinario)”, señaló la funcionaria.
Cabe recordar que el fiscal Montealegre manifestó el fin de semana que una de las tesis plausibles en este caso era que la facultad de destituir al alcalde de Bogotá no está en manos del Procurador.
“(..) se critica que es un modelo no conveniente pero esa conveniencia no se examinó en ese momento (de expedición del Código)”, señaló Castañeda.
Igualmente, la funcionaria indicó que ese debate ya fue zanjado por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en el sentido de que el Presidente en estos casos es solamente “el ejecutor de una solicitud que proviene de un funcionario competente, previa una decisión en firme”.
La investigación al Procurador
Sobre el anuncio de la indagación preliminar al procurador Alejandro Ordóñez por presunta extralimitación de las funciones, la Viceprocuradora indicó que se trata de un ejercicio pleno de sus funciones.
“Es un cumplimiento de sus funciones como el cumplimiento de funciones por parte de los funcionarios de la Procuraduría, haber adelantado el proceso correspondiente al Alcalde Distrital.(...) No quiero opinar si es pertinente o no esa indagación”, señaló.
La funcionaria además negó que la Procuraduría haya negado a la Fiscalía General la entrega de documentación relacionada con las pruebas usadas para fallar en contra de Petro o del fallo en sí.
Sobre las críticas y manifestaciones públicas que ha hecho el destituido alcalde Petro en contra de Ordóñez, la viceprocuradora señaló que “la discusión jurídica no se efectúa en la calle”.
“Bienvenido ese recurso de reposición que será estudiado pormenorizadamente”, precisó al indicar que los fallos que profiere esa entidad no tienen sesgo político ni ideológico.
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