• José David Castilla

miércoles, 17 de octubre de 2018

Presidenta de la JEP, Patricia Linares, solicitó garantías procesales y denunció presiones

Ante un juez de Control de Garantías y bajo la coordinación del fiscal Majer Nayi Abushihab, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra la exdirectora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Martha Lucía Zamora. Según investigaciones de la Fiscalía, la funcionaria habría asesorado ilegalmente a integrantes del extinto grupo guerrillero Farc, para obtener beneficios de esta jurisdicción.

En la audiencia de imputación de cargos también fueron requeridos los contratistas Yuly Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez.

Entre las actuaciones que le indilga la Fiscalía, se encuentra “no reportar la salida de los excombatientes de las zonas territoriales”, junto a otras acciones que se involucrarían con los delitos de abuso de la función pública y perturbación de actos oficiales.

Por su parte, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, anunció ante la opinión pública que ha solicitado las garantías necesarias para que se respete el derecho al debido proceso de la investigada. Linares dijo que solicitó “garantías de debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia y la mayor celeridad posible porque afecta no solo a esas personas, también afecta a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Dentro de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía develó que los implicados habían otorgado permisos a los líderes guerrilleros Fernando Arellán, Pastor Alape e Israel Zuñiga para que salieran del país. También alegó que los avales otorgados a estas personas se realizaron de manera irregular.

En la teoría del caso se alegó que Zamora y los implicados habían realizado asesorías ilegales. En la audiencia, el fiscal dijo que estas asesorías buscaban “evitar que las autoridades ubicaran a los exFarc que abandonaron el proceso”.