Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación. (Colprensa - Diego Pienda)

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  • Angélica Benavides

miércoles, 14 de agosto de 2019

La Procuraduría envió la información de los candidatos inhabilitados a la Fiscalía, Registraduría y Consejo Nacional Electoral

El procurador Fernando Carrillo le envió a la Fiscalía, Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral la información de los 694 candidatos inhabilitados para las elecciones del próximo 27 de octubre, para que cada una determine las responsabilidades penales y administrativas de cada caso.

El procurador Carrillo explicó que el sistema de información de la entidad "no es perfecto todavía", así que puede haber otras situaciones que inhabiliten a más candidatos y que no se están viendo en la base de datos. "Por eso es importante la investigación de las demás entidades y las denuncias de los ciudadanos".

En ese sentido, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que "denuncien, hay actores ilegales o relacionados con actividades económicas ilegales que están tratando de interferir en los procesos electorales".

Por su parte el fiscal general encargado, Fabio Espitia, señaló que " se están revisando las causales de inhabilidad para determinar cuáles están en el tipo penal" y, en caso de demostrarse su responsabilidad, podrían imputarse cargos que lleven a una condena en prisión de entre tres y cinco años.

El fiscal Espitia agregó que la Fiscalía también está investigando los casos de financiación con fuentes prohibidas, que sanciona al candidato y su gerente de campaña.

Para lograrlo, se hará seguimiento a la información financiera reportada, y en especial se pondrá la lupa para encontrar a quienes están financiando campañas propias o ajenas pese a que tienen procesos de financiación de grupos ilegales, lesa humanidad, narcotráfico y con procesos de extinción de dominio.

En el caso de los partidos políticos que entregaron avales a candidatos pese a saber que estos estaban inhabilitados, el Consejo Nacional Electoral será el encargado de determinar su responsabilidad administrativa.

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