• Colprensa

martes, 12 de diciembre de 2017

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, por su participación en el denominado ‘Cartel de la Toga’.

La entidad presentó el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada.

En 30 páginas, el fiscal Jaime Camacho Flórez asegura que entre el 2013 y el 2016, Ricaurte junto con Leonidas Bustos “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron al abogado Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el actual magistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández para direccionar procesos penales a cambio de dinero.

La Fiscalía asegura que lo primero que quedó claro en la investigación es que Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.

De acuerdo con la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivan varios cohechos relacionados con el senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.

En el caso de Ashton, la Fiscalía dice que se medió en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema desde el 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons España y que tuvo desde el 2013 como ponente a Gustavo Malo. Tal y como se dijo en la imputación de cargos, la Fiscalía resalta que para evitar una orden de captura y lograr un archivo le pidieron 1200 millones de pesos.

Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”.

El escrito afirma que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos.

En el caso de Besaile, el escrito de acusación señala que a finales de 2014 Ricaurte ordenó a Moreno a comunicarse con este y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el magistrado Malo, para evitar la captura de un proceso por parapolítica.

Sobre el exgobernador Juan Carlos Abadía, el Fiscal Camacho dice que Ricaurte y el fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Alfredo Bettin Sierra “acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir y, por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.

Aquí se agrega que Ricaurte y Bustos “lograron los resultados” prometiendo mantener a Bettin en el cargo, que Moreno asumió la defensa de Abadía y que tras su nombramiento como Fiscal Anticorrupción se le entregó poder a abogados de la oficina de Leonidas Bustos.

En el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Fiscalía indicó que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos. No obstante, Tarquino le pide 20.000 millones y le informa que hay “un equipo” de magistrados dedicados a este tipo de soluciones.

En el escrito de acusación, la Fiscal destaca en el caso de Julio Manzur que en diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado por ‘parapolítica’, Moreno le entregó a través de un familiar información privilegiada asegurando que era inminente su detención y le ofreció sus servicios de abogado por 2000 millones de pesos, oferta que fue rechazada.

Y en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, la Fiscalía dice que entre 2014 y 2015, el magistrado Malo tenía en su equipo a Carlos Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula fue nombrado en esa entidad en abril de 2015 por supuesta intervención de Ricaurte.

“Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos y comercializar puestos, en beneficios de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los propósitos criminales”, dice el escrito de acusación.

Entre los testigos que la Fiscalía reseña está Luis Ignacio Lyons, Musa Besaile, Raúl Gutiérrez, Luis Gustavo Moreno, José Reyes, Wadith Manzur, Juan Carlos Abadía, Fabio Espitia, entre otros.