• Colprensa

miércoles, 14 de marzo de 2018

Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte.

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra la representante a la cámara Aida Merlano, por presunta compra de votos en Barranquilla, en el marco de las elecciones legislativas que se realizaron el pasado domingo.

Según Martínez, funcionarios de la Dijin recibieron información sobre una vivienda conocida como ‘la casa blanca’, donde, al parecer, funcionaba un comando político desde el que, supuestamente, se compraban votos para la jornada electoral.

Tras las verificaciones preliminares, el ente acusador ordenó el registró al inmueble donde hallaron nueve computadores, cuatro armas de fuego, entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola, de los cuáles solo una contaba con el permiso para portarla.

También hallaron $268,9 millones en efectivo, ubicado en cuarto destinado exclusivamente para eso. Pero, según la Fiscalía, durante toda la campaña se habrían repartido más de $6.000 millones.

Del mismo modo incautaron documentación, donde se encuentran certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.

Igualmente, el fiscal aseguró que “tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos, las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante”.

Esto con el fin de verificar que hubieran votado en un puesto específico, además de ellos, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.

Las investigaciones de la Fiscalía pudieron establecer que llevaban una contabilidad detallada en una planilla en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte.

Conocida la situación, la Fiscalía capturó cinco personas. Se trata de Edwin Rafael, Jefferson Jesús Víctoria, Vanesa Víctoria Merlano, María Camila Valencia y Everlin Carolina Díaz.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su cuenta en Twitter, anunció que se abrió una indagación preliminar “por el hallazgo en la sede de campaña de la representante a la cámara y hoy senadora electa Aida Merlano, de dineros, armas y códigos de barras para la presunta compra de votos”.