Colprensa Jueves, 8 de enero de 2015

Así lo anunció este jueves el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, al término de una reunión que se desarrolló en Casa de Nariño para tratar de conjurar el cese de actividades que tiene bloqueado el acceso al servicio público de justicia.

Los argumentos del Gobierno son que solo un 12% de los empleados de la Rama y el 1% de la Fiscalía hacen parte del paro. Igualmente, Garzón indicó que en este caso se ha visto “la disposición del Gobierno Nacional” para solucionar el paro.

“Para el Gobierno Nacional prevalece el interés general al particular y en este caso se han vulnerado muchos derechos de los ciudadanos que tienen que acceder a la justicia y han sido impedidos por una participación poco significativa en cantidad. Ha prevalecido el interés de un sector poco representativo y hemos sido testigos de la disposición del Gobierno de estar estableciendo diálogos”, apuntó Garzón.

En ese sentido, Garzón anunció que el Gobierno “está evaluando la necesidad de solicitarle a la justicia la posibilidad de que este paro sea declarado ilegal”.

Habría judicializaciones
Al término de la reunión, en la que no participaron voceros de Asonal Judicial, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que si persiste la intención de algunos empleados de la Rama en paro de impedir el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, se inciarían judicializaciones en su contra por los delitos de constreñimiento indebido y abuso de autoridad.

De acuerdo con Montealegre, esta decisión se toma debido a que si bien el derecho a la protesta está permitido en la Consitución, éste tiene límites y en cambio sí sería un delito afectar de manera grave el acceso a derechos como lo es el servicio público de la justicia.

“Si se persiste de las actividades de un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos en contra de la voluntad de muchos funcionarios que quieren prestar el servicio, la Fiscalía iniciará procesos penales”, apuntó Montealegre.

A esto se suma, el llamado a interrogatorio, la próxima semana, de varios empleados de las Salas Administrativas a nivel Seccional que no cumplieron la advertencia de la Contraloría General de no pagar los salarios a los servidores judiciales que están en paro.

Paro es “injustificado e inútil”
Además de estos anuncios, los ministros de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y de Justicia, Yesid Reyes, calificaron como de “injustificado e inutil” el paro, afirmaron que se trata de un paro minoritario, y pidieron a los trabajadores que entren a trabajar plenamente a partir del 13 de enero próximo, cuando se acaba la vacancia judicial.

El ministro Reyes afirmó que ha sido “la voracidad” de una minoría la que ha mantenido el cese de actividades por tantos días y que esa minoría pretende obtener los recursos con los que el Gobierno buscará modernizar la justicia en el país.

En ese sentido, dijo que en un mes y medio se aprobó una ley que consiguió recursos adicionales para la Rama Judicial por $650.000 millones anuales que se utilizarán para poner modernizar las condiciones en las que funciona la Rama. “Vamos a mantener nuestro esfuerzo por dignificar la Rama”, dijo.

El ministro de Hacienda encargado, Andrés Escobar, explicó que la Rama Judicial tienen presupuesto de $2,2 billones para gastos de personal, que es el más alto de todo el sector público después del sector defensa y educación.

Escobar dijo que entre el 2011 y el 2014 hubo un aumento en el presupuesto de la Rama en un 20 por ciento y señaló que para los próximos años, los recursos que se recibirán para el 2018 serán 54 más altos. “Ya se raspó la olla”, apuntó.

Finalmente, el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, señaló que este es un paro que está focalizado en Bogotá, Cartagena, Villavicencio, Florencia y Sogamoso.

“Ya está bien de paro. No más paro. Invitamos a Asonal para que recapacite, levante el paro, deje trabajar a los que si quieren entrar. Es hora de no recurrir más a la vías de hecho, es hora de trabajar”, señaló.