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Andrea Mancera Rojas - amancera@larepublica.com.co Lunes, 27 de febrero de 2012

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, demandará a la Nación por $6.822 millones por los perjuicios ocasionados en su contra como víctima de los seguimientos ilegales adelantados desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

La demanda se producirá debido a que en la Procuraduría no se pudo llegar a una conciliación entre los representantes legales de Petro y del Gobierno Nacional.

El Ministerio de Justicia, en representación de la institucionalidad, se negó a pagar la cifra que incluía $2.144 millones por perjuicios morales, a fin de evitar una confrontación jurídica en el tribunal contencioso administrativo.

Luego de más de una hora de audiencia de conciliación, en la Procuraduría Número 131 Administrativa de Bogotá, las partes intervinientes en el proceso no llegaron a un acuerdo sobre el monto de los perjuicios que deben ser pagados a Gustavo Petro Urrego y su familia, en calidad de víctimas de las interceptaciones ilegales por parte del Estado, mejor conocidas como `las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad`.

Durante la audiencia de conciliación, los representantes de la Presidencia de la República y la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, no presentaron ninguna propuesta ante la solicitud de indemnización hecha por los demandantes.

Por su parte, los representantes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, no se hicieron presentes en la diligencia – es decir no hubo animo conciliatorio-, razón por la cual la defensa del alcalde Gustavo Petro y su familia procederá a instaurar la respectiva demanda, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

La intención de los demandantes, en la audiencia de conciliación, era llegar a un acuerdo sobre el monto correspondiente a la indemnización que le correspondería al alcalde Mayor de Bogotá, y su familia.

En caso de prosperar la demanda a favor de Gustavo Petro, el dinero que le corresponda al mandatario capitalino, será donado en su totalidad al Fondo para la Reparación de las Víctimas, tal como lo anunció el pasado 13 de febrero del año 2012.

Este caso deberá ser resuelto por el Consejo de Estado.

Según los expertos, este tipo de casos se llevan hasta el Alto Tribunal, encargado de dirimir este tipo de conflictos.

Por se de carácter de urgencia se espera que la Corporación resuelva el caso en el menor tiempo posible, dando la prioridad necesaria al mismo.

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