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Alejandro Valencia lunes, 3 de septiembre de 2018

En los últimos tres años la Contraloría General de la República ha evidenciado los malos manejos de recursos en las entidades

Las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia (CAR), encargadas de administrar dentro del área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, están sujetas a control fiscal por entidades como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, lo que significa que no deberían tener malos manejos de sus recursos.

Sin embargo, el estar vigiladas no las exime de malos manejos y actos de corrupción. Según las cifras de la Contraloría General de la República, a través de las auditorías de control fiscal hacia las CAR, se puede ver que desde 2016 hasta la fecha, los hallazgos fiscales superan los $124.000 millones. Un dato desalentador cuando lo que está en juego son los recursos naturales vitales para todos los colombianos.

En el más reciente comunicado del 17 de julio de 2018, la Contraloría dijo que encontró hallazgos fiscales por más de $100.000 millones en 10 CAR durante este año y que se debería continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las corporaciones, debido a que esto ha permitido que cada una de ellas tenga su propio estatuto presupuestal y no hay coordinación con el MinAmbiente.

Ante la situación, Ramón Leal, Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), dijo que son conscientes de que en ese proceso se detectan las debilidades, “pero no compartimos la forma en como la Contraloría comunica esos hallazgos a la opinión pública, porque son afirmaciones que empañan la buena función que adelantan las CAR en sus regiones. La mayoría de esos hallazgos, en nuestro criterio, obedecen a unas complejidades que son problemas estructurales que están en la misma creación de la Ley que se dio para las CAR”.

Además, se refirió al debate de acabar con las CAR y aseguró que “estamos dispuestos a revisar las corporaciones, pero no para acabarlas, sino para fortalecerlas, y de una vez solucionar los problemas estructurales que son los que generan los hallazgos. Hay que revisar la conformación de los órganos de dirección, pero sin perder la composición desde el punto de vista regional”.

No obstante, los hallazgos evidencian una grave crisis desde 2016, por ejemplo, en Corporinoquia los hallazgos superan los $2.500 millones, donde la Contraloría encontró consultores fantasmas, calificó como desfavorable la gestión y consideró que no ha ejercido un control adecuado en los otorgamientos de permisos, licencias y concesiones ambientales.

LOS CONTRASTES

  • Ramón LealDIRECTOR EJECUTIVO ASOCARS

    “La mayoría de esos hallazgos obedecen a unas complejidades estructurales que están en la misma creación de la Ley que se dio para la existencia de las Corporaciones Autónomas Regionales”.


  • NÉSTOR GUILLERMO FRANCODIRECTOR CAR CUNDINAMARCA

    “No toda identificación de un hallazgo por sí misma representa una investigación concluida que determina responsabilidades. Nosotros tenemos plena certeza de poder explicar todos los hallazgos”.

Al respecto, el Director de CAR Cundinamarca Néstor Guillermo Franco dijo que “ya el organismo de control le ha trasladado los hallazgos a la Procuraduría y a la Fiscalía, y son esas competencias las que tienen que entrar a adelantar las investigaciones referidas”.

Agregó también que “no toda identificación de un hallazgo por sí misma representa una investigación concluida que determina responsabilidades, sino que es tan solo una primera noticia. En el caso del informe que se refiere a la CAR Cundinamarca, nosotros tenemos plena certeza de poder explicar todos los hallazgos que se han identificado y ha desvirtuar la existencia del presunto detrimento patrimonial de $72.000 millones que dice la Contraloría”.

Aún así, lo que se evidencia son manejos inadecuados en estas corporaciones por lo que cabe su revisión.

Antecedentes

Las Corporaciones Autónomas Regionales son la primera autoridad ambiental a nivel regional y de carácter público. Están dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Su función es la de administrar dentro del área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales.

El Ministerio de Ambiente, de acuerdo con las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, coordina los procesos de planificación y ejecución de las actividades de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, entre ellas las CAR.

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