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martes, 2 de octubre de 2012

En el marco del VI Seminario Internacional de Seguridad Vial, la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, anunció que en este segmento se detectaron hallazgos fiscales por más de $800.000 millones.

Adicionalmente, tmabién hay hallazgos fiscales por $69.000 millones por el no cobro oportuno de multas por parte de los operadores privados; y hallazgos de más de $12 mil millones por el polémico tema de la chatarrización.

Según Morelli, el Estado se desprendió de la política pública de seguridad vial y se la confió a los concesionarios. “Lo que sucede aquí y este es un punto realmente grave es que el Estado se desprendió de la política pública de seguridad vial. La seguridad vial de las carreteras se le confía al concesionario”, afirmó la funcionaria.

También resaltó que se trata de un capítulo más de cualquier contrato sin que existan parámetros objetivos que definan los más elementales criterios por ejemplo de señalización y de cuándo lo deben hacer y de qué sucede cuando la vía está cerrada y la obra está parada.

¿Cuántas han sido las víctimas de accidentes de tránsito comoconsecuencia de los incumplimientos en materia de concesiones…?, resaltó la Contralora haciendo énfasis en que hay falta de coordinación y de una autoridad rectora.

En cuanto a la situación del Runt, manifestó que es una situación muy precaria, ya que no existe absolutamente ninguna garantía de seguridad informática. “Eso lo trasladamos en un hallazgo, en un proceso de responsabilidad fiscal. La problemática de este sector es muy grave porque realmente la fe pública está siendo defraudada”. La Contralora evidenció que existen lugares donde se puede obtener un pase sin haber ido, pues son miles los casos donde por un lado se hace el examen médico y por el otro se hace el examen de conducción y a los tres minutos se obtiene en otra ciudad el pase y esto puede ingresar al Runt tranquilamente, sin que exista ningún control que ponga en evidencia que hay hubo defraudación.

Resaltó el caso del municipio de La Estrella en Antioquia, donde hay 3.000 habitantes y se han expedido 6.000 pases.

Las personas que tienen los centros de acreditación establecidos de manera legal denuncian permanentemente que el negocio está realmente a punto de desaparecer como consecuencia de la ilegalidad y la ausencia de controles estatales. “Lo que hay es un sistema de defraudación de la fe pública, donde vehículos que están siendo buscados porque con ellos se cometió un ilícito se les cambia la placa y vuelven a transitar tranquilamente. Personas que tienen infinidad de multas por ser realmente un peligro, logran obtener nuevamente sus pases sin multas.

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