Colprensa Lunes, 22 de septiembre de 2014

En audiencia preparatoria de juicio, la exsenadora afirmó que lo único que pretende es que en su caso haya “una investigación integral propia de un Estado democrático y de derecho” y aseguró que “sin proceso, no hay derecho”.

El pronunciamiento de Zuccardi se dio a la hora de pedir a la Corte que permita como prueba una inspección judicial al proceso que por los mismos hechos se lleva en la Procuraduría, teniendo en cuenta que, en su criterio, ahí sí hay testigos directos que la exculpan mientras que en la Corte hay solo testigos de referencia o de ‘oídas’.

“Se han hecho múltiples diligencias por funcionarios sin competencia para ello y se ha negado la participación de mi defensa. Como resultado de esas inspecciones, se han incorporado más de 110 pruebas de 40 testigos de más de 14 procesos y en ninguno tuve derecho a controvertir”, apuntó.

Igualmente, la exsenadora aseguró que la Corte ha restringido su derecho a la defensa y así lo indicó en la audiencia ante los magistrados. “¿Cuántas limitaciones más debo sufrir en defensa de mis derechos humanos?”, apuntó.

Exclusión de interceptaciones
En la audiencia, además, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Jairo Salgado, le solicitó a la Corte que excluya del proceso penal una serie de interceptaciones que la Corte ordenó a la exsenadora y su defensa.

Se trata de unas interceptaciones que la Corte ordenó y de las cuáles, según el tribunal, se avizoró la supuesta existencia de un complot de la defensa de Zuccardi en contra de dos investigadoras del CTI a quienes la Fiscalía les archivó unas denunciadas por supuestas irregularidades y entrega de beneficios a testigos.

De acuerdo con el procurador Salgado, es legítimo que la defensa de Zuccardi, como procesada, buscara que se desarchivara esa investigación y que esa intención era parte de la estrategia de defensa.

“Es legítimo hacer una estrategia de defensa. En las grabaciones se habla de un hecho legítimo que es reabrir una investigación en contra de dos investigadoras del CTI”, dijo.

De acuerdo con Salgado, en las mismas transcripciones de las escuchas los investigadores afirman que se trata de una estrategia de defensa y, como la ley lo indica, no se pueden intervenir las comunicaciones entre un procesado y su defendido.

En ese sentido, para la Procuraduría, las interceptaciones, aunque fueron legales, no debieron continuar y por eso hubo una vulneración al derecho de defensa, a la intimidad y a las comunicaciones.

Declararán ‘la Gata’, Vicente Blel y Miguel Pinedo
En la audiencia, la Corte Suprema de Justicia avaló los testimonios en el juicio de Enilce López Romero alias ‘La Gata’, el desmovilizado Manuel Antonio Castellanos, alias ‘El Chino’, y de los excongresistas condenados por parapolítica Vicente Blel Saad, Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella.

Igualmente, declarará Miguel Pinedo Vidal, quien según conoció Colprensa indicará que una serie de parlamentarios sí tenían permiso presidencial para reunirse con cabecillas paramilitares.

La Corte además ordenó el testimonio de la esposa de la congresista, Juan José Romero, y ordenó que se trasladen declaraciones entregadas en el marco de otros procesos de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Además, la Corte decretó el testimonio de Aleider García Soto, alias ‘El Primo’, a quien la defensa a controvertido porque supuestamente aparece manifestado con su puño y letra su intención de declarar cuando, al parecer, es analfabeta.

En este caso, la defensa también ha reprochado la inclusión del testimonio de Galo Arturo Torres en el proceso teniendo en cuenta que la propia Corte ratificó una condena en su contra por calumniar a Zuccardi.

En su intervención, el abogado defensor, William Adán Rodríguez, había solicitado el testimonio de Mancuso, así como de las dos investigadores del CTI implicadas en el supuesto complot y del excomisionado de Paz, Víctor G Ricardo.

Observadores internacionales
En el juicio de Zuccardi se presentó como observador internacional el abogado británico Nick Stanage, quien hace parte de la Unión Interparlamentaria (UIP) que ha manifestado su preocupación por las supuestas vulneraciones de derechos en este caso por falta de una segunda instancia, entre otros.

Stanage también funge como observador internacional en el juicio que se le adelanta en la Corte por ‘parapolítica’ al excongresista Óscar Arboleda, así como en otros procesos como la impunidad en el crimen de Luis Carlos Galán, de congresistas de la Unión Patriótica y en el caso de las amenazas al senador Iván Cepeda.

También hizo presencia el abogado chileno Gonzalo Boyé, quien hace parte de la defensa de Edward Snowden, quien estima que en este caso hay una “absoluta impunidad” y falta de garantías procesales ya que no hay doble instancia y es la Corte la que investiga, califica, acusa y juzga.

En este caso, el abogado Boyé ha señalado que de no tener un proceso exitoso en la Corte, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.