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Colprensa martes, 21 de octubre de 2014

El primero, explicó su directora Adriana Guillén, tiene que ver con supuestas irregularidades en el tema de las pensiones de 11 trabajadores de Ferrocarriles Nacionales a quienes un juez les reconoció una indexación de la primera mesada pensional por $1.000 millones que el Ministerio de Comercio Exterior pagó. 

No obstante, los trabajadores interpusieron un incidente de desacato, por supuesto incumplimiento del pago, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar. Allí, en una polémica actuación, se “ordenó una prueba pericial y dijeron que al Ministerio le faltaba por pagar $15.500 millones”. 

Ante tal situación, la decisión fue recurrida, pero el resultado fue hacer un nuevo peritazgo que determinó que eran $11.000 millones los que se debía pagar y, como el Ministerio de Hacienda se negó a hacerlo, se ordenó una sanción de arresto contra su titular. 

“Nosotros presentamos un recurso de consulta ante el Consejo Superior de la Judicatura y ellos anularon al decisión pero no por todas esas irregularidades, sino por falta de notificación. Esto es un caso muy grave”, señaló Guillén, quien indicó que ya se presentaron las respectivas denuncias penales y disciplinarias. 

Otro caso más que motivó acciones judiciales por parte de la Agencia Jurídica es la irregularidad en la que habría incurrido el juez Segundo del Circuito de Cali a la hora de ordenar pagar una prima fe gracia, que solo se paga a maestros, a quienes no lo eran. 

Según relató Guillén, se trata de 34 personas a quienes en total se ordenó un pago de $10.000 millones “y entre ese grupo de personas no hay maestros. Hay empleados del servicio doméstico, hay celadores, pero muy poco maestros”. 

No obstante, uno de los casos más cuantiosos tiene que ver con un pago que fue ordenado realizar a Caprecom, por $60.000 millones por una obligación que, dice la Agencia Jurídica, no debía realizarse. 

“Esta es una banda de abogados que ya tenemos un poco localizados. Se crean títulos ejecutivos falsos y se inicia todo el proceso ejecutivo con connivencia del juez y se ordena el embargo de los recursos. En ese momento se da la orden al Banco Agrario de hacer el pago, se pagan $60.000 millones por una obligación inexistente”, expresó. 

De acuerdo con Guillén, actualmente se trabaja en otros procesos ejecutivos que cursan contra Caprecom, con pretensiones de $50.000 millones, que también estarían fundamentados en obligaciones falsas. 

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