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  • Ximena Poveda

sábado, 13 de octubre de 2012

El impacto del funcionamiento del sistema judicial en la competitividad del país no solo ha impulsado políticas públicas desde distintas ramas del poder, sino que constituye una de las principales preocupaciones del sector empresarial y de organizaciones sociales.

El Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial cuantifica a lo largo del mundo distintos aspectos que impactan la competitividad de un país como el entorno institucional, la calidad de la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, entre otros. Las encuestas empresariales que evalúan la percepción sobre la situación de seguridad y la eficiencia de la justicia se constituyen como uno de los insumos que da origen a esta medición.

La calificación de Colombia en el índice total ha permanecido relativamente estable durante los últimos 4 años, después de una fuerte caída sufrida en el 2008, superando al 50% de los 144 países que participaron en el estudio. Sin embargo, cuando se analizan los resultados desagregados se evidencia que la percepción empresarial colombiana sobre el componente institucional descendió 5.2% en la posición relativa del ranking global, pasando de ubicarse en el puesto 100 en el 2011 al 109 en el 2012. Este comportamiento decreciente contrasta con la tendencia positiva de otros frentes del índice como el entorno macroeconómico, en el cual el país ascendió 8 puestos.

Las variables de percepción relacionadas con el funcionamiento de la justicia fueron parte de las responsables del deterioro del componente institucional. La posición relativa del país en el ranking global respeto a la percepción de la independencia judicial cayó 9,62%, sobre la protección de los derechos de propiedad 5,39%, sobre la eficiencia del marco legal para solucionar disputas entre privados 5,38% y sobre el pago de sobornos para agilizar tramites 4%. Así, los puntajes de las variables relacionadas con la justicia se concentran en el último tercio del escalafón mundial lo que afecta negativamente a la competitividad.

Adicionalmente, Colombia se encuentra en las últimas 10 posiciones del ranking global respecto a la percepción de los costos empresariales del crimen y en el último lugar a nivel mundial respecto a la amenaza de terrorismo. Además, la corrupción y la burocracia ineficiente del gobierno se perciben como los dos factores que más impiden hacer negocios en el país.

Estos resultados invitan a tomar los correctivos necesarios para superar las dificultades que presenta el sistema judicial y que generan estas percepciones en los empresarios. Esto podría representar beneficios económicos para el país, en la medida en que se podrían incrementar los negocios que realicen los particulares, mejorar la imagen internacional, incrementar la inversión extranjera y aprovechar en mayor medida los tratados de libre comercio que se han firmado en los últimos años.

En este sentido, el Gobierno ha tratado de mejorar estos frentes mediante la promoción de leyes como la de Seguridad Ciudadana y el Estatuto Anticorrupción, que modifican el esquema de sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Vale la pena aclarar que si bien estas normas han sido cuestionadas, se destacan como propuestas regulatorias específicas que denotan el interés del Gobierno para superar las barreas que representan la gran criminalidad y la corrupción. Por otra parte, recientemente se sancionó el Código General del Proceso que introduce diferentes medias para incrementar la seguridad jurídica, la celeridad y la calidad en la resolución de asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios.

Por último, se resalta el comportamiento que tuvo la percepción de la regulación del mercado bursátil. Entre el 2010 y 2012, Colombia avanzó más del 20% en la posición relativa del ranking mundial respecto a este frente. Se espera que con las leyes expuestas las variables de percepción de justicia se comporten de manera similar, mejorando el funcionamiento de la justicia y la competitividad del país.

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