Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Colprensa lunes, 18 de marzo de 2013

El sistema judicial colombiano pasa por una coyuntura que pone en tela de juicio su funcionamiento. Inflación legislativa, falta de personal investigativo y reacción urgente de la Fiscalía, son algunos de los factores que tienen al sistema al punto de “volverse incontrolable”.

Ese es el último veredicto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

pero que desde hace meses e incluso años vienen denunciado expertos judiciales, que señalan que la impunidad en Colombia en el sistema penal puede llegar al 97%, mientras que en el civil la probabilidad de condenas es del 20%. La apuesta del Estado colombiano hace ocho años fue cambiar el sistema judicial, por uno en el que se privilegiara la oralidad, para tratar de hacer más rápidas las decisiones de la Justicia. Sin embargo, la fórmula no funcionó y los jueces y fiscales no tienen la capacidad para evacuar la cantidad de casos que llegan a sus despachos.

La imposibilidad de eficiencia y eficacia del sistema de hoy viene dado por los entes que intervienen en la investigación, como lo es la Fiscalía o Medicina Legal, que cuentan con contados recursos y que no tienen un nivel de profesionalización suficiente, situación que ha demostrado estudios de la Corporación Excelencia a la Justicia. En otro frente, que parece ser poco discutido, pero que tiene unas consecuencias gigantes en el sistema judicial, es lo que se conoce como inflación legislativa, es decir, una hipercreación de leyes que dan a luz a nuevos crímenes y disminuyen los beneficios.

Según Ana María Ramos, consultora de la Corporación Excelencia en la Justicia, “el pronunciamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia frente al Sistema Penal Acusatorio es muy valioso, pero ya se había advertido que esto iba a pasar y no se hace nada. El destino que queda es el mismo que está teniendo el sistema carcelario, que todos los años se advierte y nunca se toman medidas”. Las virtudes del sistema en el diseño son muchas: es público, garantista, pretendió ser más rápido y de hecho lo fue para los delitos en flagrancia.

Esto sucedió por varias razones, según la experta: por un lado hay una mala distribución de talento humano en las entidades, pues los investigadores son usados como mensajeros. La Fiscalía no hace actos urgentes, hay muy poca reacción del sistema penal y se atomizan las organizaciones. Tampoco hay suficiente personal.

También hay culpa del legislador, que ha sacado muchas leyes que crean delitos que no existían y además eliminó beneficios. Entonces, todos los presos tienen que llegar a juicio oral, que no era lo que se pretendía con el sistema acusatorio.

Qué sigue
La Fiscalía General de la Nación presentará su reforma estructural al presidente Juan Manuel Santos, que contará con facultades extraordinarias para reformar el ente acusador.

La idea, según ha dicho el fiscal General, Eduardo Montealegre, es crear herramientas para desarticular organizaciones criminales, fortalecer la Fiscalía en las regiones y crear un sistema de profesionalización de los investigadores con los que cuenta la entidad.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.